No nos entendemos

He llegado a la conclusión de que el país está envuelto en conversaciones de sordos y que hemos perdido la capacidad de aceptar las diferencias, oír las críticas y entender las distintas visiones del mundo. Al encasillar a las personas a priori en algún bando, en primer lugar, lo invalidamos con prejuicios y posteriormente, descartamos cualquier posibilidad de diálogo. Hemos sido tan miopes que seguimos hablándonos a nosotros mismos sin intentar llegar a los que consideramos diferentes, es por esto que tenemos un país fraccionado y no hemos podido crear un discurso de unidad y un ideario colectivo. Queremos imponer.

Quienes se adueñan del discurso anti-establecimiento argumentan que es este el responsable de todos los males que nos aquejan, pretendiendo patear el tablero e iniciar de cero en la construcción de un nuevo país, desconociendo los innegables logros, las experiencias, la construcción de capacidades, los casos de éxito, así como los aprendizajes y los fracasos.

De otra parte, quienes han ejercido el poder, han diseñado las políticas públicas y los dueños de los capitales, no han entendido los justos reclamos de la sociedad que abogan por mayor inclusión, oportunidades, equidad y justicia social, así como también, exigen un cambio en la forma de hacer política. La forma de comunicar con tecnicismos que el ciudadano no entiende aleja a los líderes tradicionales de las bases sociales y los muestra soberbios. Igualmente, frente a las grandes discusiones y ante las propuestas de reforma, la defensa de privilegios sectoriales ha generado un rechazo generalizado que invalida sus justas pretensiones y el valor que los mismos representan para la sociedad.

Deben entenderse las nuevas formas de comunicar, la inmediatez de la información, las nuevas formas de relacionarse, pero sobre todo debe aceptarse la diferencia y la necesidad de consensos. En este momento en el que estamos ad-portas de discusiones que realmente pretenden cambiar el orden institucional y económico del país, que implican un rompimiento del modelo de sociedad que hoy conocemos, no es admisible desde ningún punto de vista el sectarismo de ninguna de las posturas. Quienes pretenden los cambios no pueden en ningún caso vetar a los representantes de las instituciones y desconocerlos como interlocutores y a su vez, no se puede desconocer la necesidad de ajustes en el sistema en aras de cubrir las necesidades de la periferia y de quienes tienen menos oportunidades. No se pueden pretender cambios y lograr la cohesión utilizando las mismas fórmulas.

Las reformas a la salud, al sistema pensional, al régimen laboral y a la prestación de servicios públicos se constituyen en un cambio al modelo político y económico que se ha construido en Colombia a partir de la Constitución del 91, pues se pretende que el Estado asuma un rol más activo en la vida económica y en la prestación de servicios al ciudadano por la desconfianza que este gobierno demuestra tener, frente a la efectividad del sector privado en estos aspectos, desconociendo el innegable valor que su actividad ha generado y los alcances que gracias a ellos se han obtenido.

Así las cosas, no puede bajo el argumento de haber sido elegido democráticamente y ostentar las mayorías imponerse una visión de Estado sin la participación de los demás actores de la sociedad civil y espectro político. Tampoco puede pretenderse mantener un statu quo y conformarnos con lo que hoy se ha logrado, se debe profundizar en la garantía de los derechos sociales y la búsqueda de la equidad. El riesgo en estas materias es que si se improvisa no hay manera de revertir los efectos de una mala decisión. Razón por la cual debe hacerse un llamado a tomarse el mayor tiempo en estas discusiones en las que es indispensable la participación de todos los actores, academia, gremios, centros de pensamiento y ciudadanos, para que en un diálogo franco y sincero, sin amenazas, dentro de la institucionalidad a partir de los datos reales y de la evaluación de impacto, se tomen las mejores decisiones.