Hablando de los empresarios y tributaria

Los empresarios colombianos, en su gran mayoría, a lo largo de la pandemia han hecho un esfuerzo titánico y digno de aplaudir, han sido solidarios, han intentado mantener el mayor número de empleos. Su decisión de adquirir mas de 2,5 millones de vacunas contra el covid-19 para colaborar con el Gobierno en el proceso de inmunización de sus trabajadores, es un gran ejemplo. Su apuesta por la reactivación ha sido admirable.

Durante toda la pandemia, los empresarios cambiaron sus formas de producir, se adaptaron a la nueva realidad, cumplieron con los protocolos para desarrollar sus actividades, adquirieron los elementos de protección, implementaron el trabajo en casa, asumieron nuevos costos e hicieron los mayores esfuerzos por mantener el tejido social.

El sector privado mostró compromiso y sensibilidad social al momento de manifestar que estaban dispuestos a asumir los costos de la pandemia y al comprometerse a pagar la reforma tributaria. Públicamente solicitaron que la reforma no incluyera aspectos polémicos como ampliar la base de personas que deben pagar el impuesto de renta y mucho menos tocar el IVA en ninguno de sus aspectos.

Pidieron que se aprobara una reforma simple, con un articulado corto. Se comprometieron a que se aumentara su tarifa de renta y se desmontara el beneficio en materia de ICA que se había aprobado en el año 2019. Hasta ahí es digno de admirar. Esto sin haber calculado el riesgo en competitividad y empleo que puede representar.

Sin embargo, se ven algunos lunares que se podrían corregir, como empresarios y como sectores de la economía le quedaron debiendo una parte al país. Ningún sector estuvo dispuesto a renunciar a privilegios en materia de impuestos, no se renunció a alguno de sus beneficios sectoriales.

No se comprometieron con la creación de un sistema más simple y transparente, ahí les faltó. De igual manera, no se la jugaron por establecer una tarifa marginal diferencial según el nivel de ingresos con el fin de proteger a las micro y pequeñas empresas y, así, hacer un sistema en materia de renta corporativa mas progresivo. (Este está un poco enredado). De otra parte, no se comprometieron con la transformación productiva, el crecimiento limpio, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, así como contra la lucha contra el cambio climático. Los denominados impuestos verdes, brillan por su ausencia.

El principio de quien contamina paga y que ese pago se dirija a mitigar los efectos y a financiar la reconversión y transformación productiva se dejó a un lado. No aprovecharon el momento para hablar de productividad, de producción y consumo responsable.

Por otro lado, se ve con preocupación la estigmatización de algunos sectores y la intención de gravar con tarifas más altas a unos más que otros, sin el mayor sustento técnico ni económico. Por ejemplo, la sobretasa de renta al sector financiero hará más costoso su acceso y desincentivará la bancarización como una de las políticas que se ha querido implementar durante años. Igualmente, la propuesta actual de una sobretasa a las bebidas azucaradas afectaría, en mayor medida, a personas más vulnerables, golpearía las cadenas productivas e impactaría fuertemente a tenderos, todo lo anterior pone en riesgo puestos de trabajo en un momento en el que el empleo es de gran preocupación.

Si por el contrario, el Estado se centrara en la educación financiera y del consumidor, si quienes cuentan con beneficios diferenciales y anti-técnicos renunciaran a los mismos, antes de perseguir sectores, estaríamos frente a un sistema tributario más eficiente, pues entre otros, todos reclaman que se debe hacer un gran esfuerzo anti-evasión.

La medida de mayor impacto sería, en todo caso, eliminar los tratamientos diferenciales en materia de IVA, las tarifas sectoriales de renta, así como las rentas exentas. Si se tiene el mismo tratamiento para todos los sectores, se puede lograr mayor equidad y desde la inversión pública se pueden fomentar.