La reforma sin signos vitales

En mi columna anterior comenté que la reforma fiscal, radicada la semana pasada, estaba en la UCI. Pues bien, ya conocido el texto y las reacciones de diferentes partidos políticos, la reforma parece estar sin signos vitales.

Si no se hace la reforma, Colombia perderá el grado de inversión, justo cuando se espera que las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos sigan en aumento. Brasil, cuando perdió el grado de inversión, tuvo que enfrentar 200 puntos básicos de mayores tasas de interés, y en la actualidad tiene un costo de financiamiento 150 puntos básicos mayor al nuestro. Es difícil saber en la actual coyuntura cuánto aumentarían las tasas de interés de nuestro país al perder el grado de inversión, pero si es claro que en un par de años tendremos tasas más altas y un mayor nivel de deuda pública, cercano al 69% del PIB hacia 2023. Esta semana, el Gobierno regresó a los mercados internacionales emitiendo deuda en dólares a 11 y 20 años, por US$2.000 millones y US$1.000 millones, respectivamente. La tasa de corte comparable frente a la emisión anterior en enero de este año aumentó en 56 puntos básicos.

A pesar de las críticas, unas más fundamentadas que otras, la reforma fiscal que presentó el Gobierno va en línea con las recomendaciones de las múltiples comisiones de expertos en dicha materia. También recoge los elementos tributarios más importantes de las propuestas de centros de investigación como Fedesarrollo y Anif. La reforma, de hecho, es quizás demasiado ambiciosa en cuanto al impuesto de renta de personas naturales, que en la actualidad recauda unos $13 billones y que con la reforma pasaría a $30 billones. Así que, reconociendo la ácida oposición a la reforma, en muchos casos demagógica, es necesario buscar fórmulas pragmáticas que permitan aumentar el recaudo neto de la reforma en por lo menos $12 billones y mantener los programas de gasto en por lo menos $5 billones.

En la parte del IVA sería preferible una tarifa mínima de un 1%, hacia una lenta transición a la tarifa de 5%, en los alimentos, que la actual propuesta de declararlos excluidos. En la renta de personas naturales podrían mantenerse las deducciones, con un límite de 30%, manteniendo el descuento por dependientes y los que incentivan el ahorro que, si bien no son progresivos, tienen la virtud de generar externalidades al estimular la actividad local, como las cuentas AFC. El nuevo umbral de renta podría ser ligeramente mayor y el primer tramo contar con una tarifa cercana a 5%, como la propuesta de Anif.

Finalmente, a falta de recaudo para financiar los programas de gasto, podría reversarse temporalmente parte del descuento del IVA en las compras de bienes de capital, ahora del 100%. Frente a la parte de mayores ingresos, la reforma podría plantear un aumento de la tarifa a las ganancias ocasiones. Y si bien se sabe que el impuesto a la riqueza genera distorsiones importantes y poco recaudo en el mediano plazo, mantenerlo por dos años, es un mal menor, preferible a un aumento permanente de 150 puntos básicos en el costo del uso del capital, en un escenario donde la reforma se hunda. La reforma debe plantar también un recorte inmediato de gasto, que, aunque no evite el impopular aumento de impuestos, envíe un claro mensaje que el recaudo es para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas y financiar programas de gasto social, y no burocracia.