El ministerio que no fue

Más allá de las dificultades administrativas y de los enredos legales, es importante reflexionar sobre las razones de fondo que impidieron la consolidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Habría tres explicaciones: primera, no se respondió la pregunta «¿igualdad de qué?»; segunda, la presión de los diversos movimientos woke; y, tercera, la pretensión de transversalidad.

Primero. ¿Igualdad de qué? Nunca se precisó el significado conceptual de la igualdad ni las implicaciones operativas de la definición. A esta pregunta, Amartya Sen respondió: «de las capacidades básicas». Pero, obviamente, esta noción tiene que concretarse en un mecanismo institucional. Desde el proyecto de ley no se precisa el tipo de igualdad que se busca. En el artículo 2 se mencionan las «desigualdades económicas, políticas y sociales».

Además, se pone en evidencia la igualdad en el disfrute de los derechos. La llamada «igualdad democrática», predicada por Elizabeth Anderson, también cabe en los propósitos ambiguos que tuvo el proyecto de ministerio.

Estas aproximaciones cubren todas las formas de desigualdad imaginables. El propósito del ministerio siempre fue tan amplio que ningún mecanismo institucional podía responder de manera adecuada.

Segundo. La presión woke. Tiene razón Susan Neiman cuando afirma que la izquierda no es woke. Los diversos grupos que buscan un reconocimiento de su «identidad» encontraron en el ministerio el espacio adecuado para expresar sus reivindicaciones y, de alguna forma, aspiraron a tener su propio viceministerio. En la primera versión se propusieron cinco: a) mujeres; b) juventud; c) pueblos étnicos y campesinos; d) poblaciones y territorios excluidos y superación de la pobreza; y e) diversidades. Además de la dificultad de precisar el objeto de cada uno, los traslapes entre ellos son evidentes.

El principio de igualdad va acompañado del reconocimiento de las diferencias entre poblaciones. Su listado tiene que limitarse porque el número de categorías es excesivamente amplio.

Además, los cruces son inevitables. Piense, por ejemplo, en una mujer afro que es campesina y está en condiciones de vulnerabilidad. Allí convergen, por lo menos, cuatro categorías: una referida a la ocupación (campesina); otra, relacionada con la condición étnica (afro); otra, referida al género (mujer); y otra, asociada al nivel de ingreso (vulnerabilidad). Esta multiplicidad de condiciones obligaría a precisar mecanismos de atención diferentes y, en la práctica, el resultado es caótico.

Nunca fue clara la unidad de análisis. Para determinar la pobreza, el Dane tiene claro que es el hogar. Pero otros programas sociales centran la atención en la familia. Entre las dos dimensiones hay asimetrías complejas. Además de estas dificultades, el ministerio tenía que ver con poblaciones que no se atienden ni desde el hogar ni desde la familia.

Y, tercero, la pretensión de la transversalidad. Dados unos propósitos tan heterogéneos y sin jerarquías claras, el ministerio pretendía hacer múltiples tareas que interferían con las de otros ministerios y, claramente, con las del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Desde el nuevo ministerio se querían hacer vías terciarias, construir vivienda, mejorar acueductos, repartir subsidios y atender habitantes de calle. Los conflictos entre ministerios eran evidentes. Quizás el enredo habría sido un poco menor si se hubiera aceptado la idea inicial de subsumir el DPS en el ministerio.