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Sin autoflagelación, Colombia no es un país rico y no se necesita ser superdotado para tener que aceptarlo, así hablemos de que somos de los más felices del mundo. El PIB por habitante (US$10.700), indicador generalmente usado para estimar la riqueza individual y que resulta de dividir el ingreso total entre la población registrada, nos deja muy mal parados, y no al compararnos con las naciones ricas de Europa o Norteamérica, sino con nuestros propios vecinos: una tercera parte de Uruguay (US$27.608), la mitad de Chile (US$20.240), 40% menos que México (US$16.000), 20% menos que Brasil (US$12.400) y poco menos que Perú (US$11.000).
No hay caso: es triste la comparación con EE.UU. (US$95.000), Países Bajos (US$78.500), Alemania (US$65.699) y Francia (US$51.550), y estamos muy lejos también de Japón, España y Canadá. Y para dar un dato adicional: tenemos el segundo registro más bajo de Latinoamérica en monto de exportaciones por habitante, solo por encima de Haití.
Pero lo que da “piedra” es otra cosa: es increíble que los congresistas, los magistrados de nuestras cortes y el primer mandatario tengan los sueldos más altos entre sus similares de América Latina. Un padre de la patria devenga US$15.000 al mes, 50% más que en México y 3,5 veces lo que se gana en Argentina y Perú. En Brasil, la duodécima economía más grande del mundo, el sueldo de los congresistas es 40% menor que aquí. Nuestro querido presidente recibe US$15.000 al mes, mientras el de México gana US$6.800 y el de Chile, US$10.500; además, el nuestro percibe 20% más que el de Brasil, más del doble que el de Argentina y casi cuatro veces lo del de Perú. Algo muy similar pasa con los magistrados de las altas cortes, que devengan el doble que los togados de México o Argentina.
Dirán nuestros expertos que, dada la relación directa entre remuneración y productividad que se aplica al salario mínimo, nuestros padres de la patria, altos jueces y mandatario son ejemplo de eficiencia y competitividad. No hay que hacer la comparación con el salario básico, para evitar que digan que es narrativa demagógica y populista. Pero merece un datico: un congresista colombiano gana 30 salarios mínimos, mientras que en Chile la cifra es de 12.
La conclusión puede ser apresurada, pero, en tono pacífico, hay que decirlo con la verdad escueta: la discusión sobre el manejo de la economía en Colombia es parcializada, incompleta y tiene unos fetiches de manual, alejados de la realidad que viven los habitantes. Todo el debate se ha centrado en el tema fiscal y la relación entre la política de hacienda y la monetaria, que en el fondo no es más que un apretón pagado por la gente de la calle. Nada de más riqueza ni de modernización tecnológica en sectores como el agro, y poco de innovación, que es lo que lleva a vivir mejor.
Los expertos hablan de que en Colombia hay “gigantismo” del Estado, sobran funcionarios y hay derroche. La verdad es que el tamaño del Estado colombiano está en el promedio de la región, alrededor de 33%, si se mide por el gasto público como porcentaje del PIB, indicador que refleja los recursos de la economía que el sector público administra, redistribuye o ejecuta.
En Estados Unidos es de 40%, en las principales economías de Europa pasa de 50% y en Brasil es de 47%. Sencillamente es un supuesto sin comprobar. Vivimos absolutamente alarmados por la relación deuda/PIB del país, que ronda 60%, cuando el promedio de la región es 72%, en Europa occidental es de 85%, en EE.UU. de 120%, en China de 102% y en Japón de 250%.
Sin la menor duda, el gobierno necesita gastar mejor, no necesariamente menos, en función de las prioridades para elevar el nivel de vida de la gente, atendiendo a los sectores y regiones más pobres, para lo cual el libreto debe ajustarse. Y arrancar por cosas sencillas, pero que permitan a la gente creer, como parar esa odiosa discriminación de los sueldos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que da para un grito de rabia ciudadano, sabiendo que eso no arregla el problema fiscal y que no es culpa de quienes hoy ocupan esos importantes cargos.
Colombia no puede permitirse el lujo de mantener en pausa el biogás y el biometano mientras la incertidumbre energética apremia