Hacer la tarea regulatoria

Colombia atraviesa un momento crítico en su mapa energético, en el que cada molécula cuenta, pero se siguen relegando recursos que tenemos sobre la mesa, como el biogás y el biometano. Convertir los desperdicios del campo, de la industria y de las ciudades en energía limpia e inyectable en la infraestructura existente no es solo una salida inteligente para complementar las reservas de gas natural; es una oportunidad de oro para generar valor regional y dinamizar la economía circular. El problema no es la disponibilidad del recurso ni la tecnología, sino la brecha normativa que persiste.

Al capturar las emisiones de los desechos orgánicos para convertirlas en energía, se resolvería un problema de contaminación ambiental y se abriría una fuente inestimable de ingresos para productores agrícolas y municipios. Además, al integrar esta producción descentralizada a la matriz nacional, se estaría blindando el suministro regional y reduciendo la vulnerabilidad frente a las fuentes convencionales. Lo que se está perdiendo como desperdicio contaminante bien podría convertirse en el respaldo energético que el país necesita.

Hoy el biogás y el biometano demandan una regulación a la medida que resuelva cuellos de botella críticos. El caso de la Resolución Creg 240 de 2016 es el ejemplo perfecto del anacronismo en el que se encuentra la normativa. Concebida en un contexto muy distinto, hoy es un chaleco de fuerza que frena la inyección de biometano a los sistemas de transporte y distribución. Sus exigencias operativas y los esquemas de remuneración vigentes no reconocen la naturaleza de este energético, lo que convierte la conexión a la red en un calvario de trámites y costos insostenibles.

La Creg tiene la tarea urgente de actualizar estas reglas: se necesitan especificaciones de calidad de gas realistas, protocolos de acceso abiertos y garantías de seguridad que no actúen como barreras de entrada.

Por los lados del Congreso de la República, el avance del Proyecto de Ley 575 de 2026 Cámara - 176 de 2025 Senado, tras superar su tercer debate en la Comisión Quinta de la Cámara, envía un mensaje oportuno al mercado. Esta iniciativa, que crea la Política Pública Nacional de Descarbonización con Biogás y Biometano (Ppnbb), por fin pone sobre la mesa el valor estratégico de estos energéticos en la lucha contra el cambio climático y la reindustrialización del campo. Es imperativo que el Congreso le dé el trámite final sin dilación para destrabar las condiciones comerciales y normativas del mercado.

Colombia no puede permitirse el lujo de mantener en pausa el biogás y el biometano mientras la incertidumbre energética apremia. Cerrar las brechas normativas requiere algo más que buenas intenciones: exige voluntad regulatoria, articulación institucional y señales de mercado inequívocas que transformen el potencial técnico en proyectos bancables. La oportunidad está servida y la tecnología, disponible. Lo único que nos falta es la determinación política y técnica para hacer la tarea regulatoria. Es hora de dejar de ver en los residuos un problema ambiental y empezar a aprovecharlos, sin más dilaciones, como lo que verdaderamente son: una solución estructural para la seguridad energética del país.