El precio de renunciar al orden. Lecciones desde Francia

Europa enfrenta una advertencia a la que Colombia no puede ser indiferente. Francia, Milán y Ámsterdam han sido escenario de disturbios, incendios y saqueos. En España, el debate sobre la vivienda se ha convertido en parte del discurso para justificar a los “okupas”, o el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles, que invade la propiedad privada, y presentarlo como una forma de “redistribución” o de expropiación. Cuando corrientes radicales convierten cualquier inconformidad en un pretexto para promover la desobediencia civil y mostrar el cumplimiento de la ley como una forma de opresión, la convivencia democrática como principio constitucional comienza a resquebrajarse.

Una parte de la izquierda radical europea, incluidos sectores comunistas y movimientos antisistema, ha defendido históricamente formas de confrontación que cuestionan el orden económico y las instituciones. Eso, sumado a la proximidad de elecciones en España, Francia, Italia y Polonia, explica los exacerbados connatos de violencia, aprovechados por candidatos que enarbolan derechos pero olvidan los deberes, se ponen del lado de los violentos y rechazan hoy la acción del Estado, el mismo que aspiran a administrar mañana.

Me niego a creer que Europa sucumbirá al entramado de ideologías que promueven la anarquía, el caos, las ocupaciones ilegales, los saqueos, la violencia, la destrucción de su patrimonio histórico y de las plazas públicas, el ataque a policías, bomberos, comercios y negocios. De Roma, el mundo heredó la ley y el derecho; de Grecia, la razón y la democracia. Ambas civilizaciones produjeron el verdadero humanismo, que procuraba el bien social alrededor de un ser humano ético, educado y espiritual. De ahí y de la influencia cristiana nacieron las universidades, la ciencia y la técnica, las instituciones libres y el orden social, y eso es precisamente lo que pretenden destruir: los valores occidentales.

Colombia debe prepararse para evitar que una nueva crisis reproduzca los peores episodios de 2021: ataques contra estaciones de Policía, agresiones a uniformados, incendios, saqueos, daños a bienes y bloqueos prolongados que afectaron la movilidad, el abastecimiento y la atención en salud. Esto exige, sin duda, el fortalecimiento no solo de la seguridad, sino de la justicia y la ley. Ningún vándalo se atrevería a destruir un bien público o privado, o a atacar a un uniformado, si supiera que, además de responder con su libertad, debería hacerlo con su patrimonio, sin acceder a ningún atenuante, sin estar amparado por causas ideológicas o políticas que lo defiendan y con la pérdida de los beneficios que el Estado le ha proporcionado, los mismos que él destruye.

Defender el orden no es defender a un gobierno, un partido o una ideología. Es defender las condiciones de convivencia que nos permiten vivir sin miedo, trabajar, emprender, estudiar y expresar opiniones sin ser sometidos a la coacción de manifestantes violentos, de vándalos y delincuentes.

La democracia requiere instituciones capaces de resolver problemas públicos y rendir cuentas, pero también necesita instancias con la autoridad suficiente para hacer cumplir la ley, y no me refiero solo a la Fuerza Pública, sino a fiscales, jueces, alcaldes, gobernadores y entes de control, con herramientas eficaces para ejercer esa autoridad de la que están investidos. Sin esa capacidad, los derechos dejan de ser garantías comunes y se convierten en privilegios para quienes generan pánico y destrucción.

La libertad no se preserva cediendo ante la violencia. La respuesta indefectible y ya probada es el ejercicio de la autoridad y el cumplimiento de la ley. El Estado que renuncia a hacer cumplir la ley termina cediendo ante quienes están dispuestos a imponer su voluntad por las vías de hecho. Colombia ya vivió este episodio en 2021 y no necesita repetirlo para comprender que, sin libertad, propiedad privada protegida, autoridad legítima y orden democrático, no hay convivencia posible. Así lo refería el filósofo francés, europeísta y pacifista Paul Valéry: el orden menos la libertad es tiranía, pero la libertad menos el orden es el caos.

La advertencia llega desde Europa. El riesgo surge cuando los radicales descubren que pueden imponer costos económicos y reputacionales al Estado mediante la ocupación de espacios, la destrucción de bienes y el enfrentamiento con la Policía. Si las autoridades retroceden sistemáticamente por temor al costo político y de opinión de hacer cumplir la ley, los ciudadanos pueden terminar sintiéndose desprotegidos, y ahí es donde la democracia y las instituciones pierden sentido. El país ya aprendió esa lección. Con seguridad, de la mano de las autoridades y especialmente de la actuación de la justicia, eso no sucederá.