¿A costa de quién?

Imaginemos este escenario: 7:15 de una mañana lluviosa en Bogotá. La junta directiva miraba una diapositiva incómoda: el margen había caído, los costos subían y el banco pedía explicaciones. El gerente propuso cuatro salidas: pagar a proveedores a noventa días, no renovar contratos, aplazar el tratamiento de aguas y subir el precio de una línea reduciendo discretamente su contenido.

La discusión avanzaba como un problema técnico, hasta que una directora independiente dijo: «Antes de decidir, falta alguien en esta reunión». Faltaba el proveedor pequeño que no podría pagar nómina, la operaria que perdería su empleo, el cliente que recibiría menos de lo prometido y la comunidad que asumiría el costo ambiental.

La reflexión cambió la discusión: ¿quién pagaría realmente el costo de recuperar el margen?
Ese es uno de los dilemas decisivos del capitalismo colombiano. Una empresa necesita rentabilidad para invertir, innovar, pagar salarios, tributar y proyectarse. El problema aparece cuando esa ganancia depende de trasladar injustamente los costos a otros.

La pregunta correcta no es si la empresa debe ser rentable. La cuestión es cómo obtiene esa rentabilidad y a costa de quién: proveedores financiando la caja, trabajadores cargando recortes que otros no asumen y clientes confundidos sobre la calidad de lo que compran.

Aristóteles lo reconocía: lo legal puede ser injusto cuando una parte aprovecha la necesidad de otra. Adam Smith también sabía que el interés propio necesita prudencia, benevolencia, simpatía y justicia.

R. Edward Freeman llevó esta discusión al lenguaje empresarial: una compañía no depende solo de sus accionistas, sino también de empleados, proveedores, clientes, comunidades, reguladores e inversionistas. No crea valor cuando mejora su resultado debilitando sistemáticamente a uno de esos grupos. En ese caso, traslada costos.

La doctrina social de la Iglesia aporta otra idea decisiva: la persona nunca puede convertirse en un simple instrumento. La empresa es valiosa cuando sirve al bien común. Un trabajador no es una línea de gasto; un proveedor no es financiación gratuita; un cliente no es alguien a quien se puede confundir; y una comunidad no es un territorio para descargar impactos.

Por eso, la responsabilidad no puede aparecer al final como campaña reputacional. Debe estar en el diseño de las decisiones: pagos, salarios, transparencia comercial, impuestos, inversiones y relación con el entorno. La justicia exige no descargar el sacrificio sobre el más débil, distribuir las cargas y comunicar con verdad.
Colombia necesita empresas rentables, competitivas y ambiciosas, pero también empresas de las que podamos sentirnos orgullosos. El país requiere inversión, productividad, empleo formal e innovación; no prosperidad construida sobre abuso, desconfianza y daño ambiental.

En cada decisión debería haber una pregunta obligatoria: ¿a costa de quién estamos mejorando este resultado? La empresa puede y debe crear riqueza, pero no trasladando sus costos a quienes tienen menos poder para defenderse.

Ese es el límite ético de un capitalismo responsable. Crear valor es necesario; hacerlo a costa de otros no es progreso. Antes de aprobar una decisión, conviene mirar esa silla vacía y preguntar: ¿quién pagará realmente esta decisión? Allí comienza una economía más confiable, humana y capaz de abrir mejores oportunidades.