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Analistas 20/11/2021

Sociedad, normas, corrupción

Gustavo Moreno Montalvo
Consultor independiente

Es corrupta la conducta de quien aprovecha la autoridad que le asignan las normas para canalizar recursos hacia objetivos que riñen con el interés general. Los códigos penales suelen especificar el peculado, la concusión y el cohecho. En el primero suele haber uso o apropiación indebida de lo público; en el segundo, el servidor público pide retribución para hacer algo, así sea incluso lo debido; y en el tercero la recibe. El asunto se considera inevitable hoy; J. C. Turbay, presidente de Colombia, sugirió años después de haber terminado su período llevarla a sus justas proporciones, y eso causó indignación, pues muchas personas eran partidarias de erradicarla. Hoy se sabe que es muy difícil hacerlo, pero también está claro que se puede avanzar en la dirección acertada con un buen sistema político. Se requiere acertado diseño de los procesos públicos e identificación sistemática de riesgos y mecanismos de mitigación según la probabilidad de ocurrencia y el impacto derivado de ella. Una matriz ordenada vale más que mil propósitos sin método.

Parte integral de la tarea es escoger bien las personas responsables de cada determinación en cada proceso. Los procesos más importantes corresponden a las tareas de hacer las leyes y juzgar los hechos frente a las leyes. Quienes tienen esas labores deben ceñirse a reglas para acertar en el cumplimiento de propósitos y la sujeción a estrictos cánones éticos y normativos. De allí que la financiación de campañas sea asunto central de la democracia moderna: quien recibe recursos para hacerse elegir pierde independencia en relación con quien hace aportes sustanciales. Es preferible despojar el proceso electoral de la dimensión de episodio de mercadeo que hoy parece tener, con consecuencias desastrosas frente a la necesidad de revisión sistemática, esencial para el mejoramiento sostenido y los cambios imperiosos para responder a nuevos contextos y nuevas interpretaciones.

Las tareas administrativas exigen, por su parte, verificar que toda transacción es consistente con los objetivos y las restricciones definidos para la correspondiente institución, que se adelante con transparencia y que el producto o servicio se especifique de manera que se induzca competencia en la compra de bienes y servicios con el fin de lograr el resultado necesario de proveedor idóneo por el mejor precio. Este asunto requiere criterio adecuado para evitar restricciones innecesarias con pretextos que en últimas favorecen a alguna contraparte, con contraprestación para quien induce ineficiencia so pretexto de asegurar el cumplimiento de requerimientos baladíes.

Es de gran importancia lograr eficiencia en asignación de recursos, pero también consolidar valores consistentes con la ética. El primero es el respeto por los demás y, por ende, por las normas a las que toda la sociedad está sujeta. Cada momento en la historia ha tenido sus instituciones, ninguna perfecta, y es más importante construir futuro que enjuiciar pasado. La humanidad ha llegado a cierto consenso en las declaraciones de derechos humanos de Naciones Unidas a raíz de la desmesura en la segunda guerra; aunque desordenadas, son buen referente; no se debe olvidar que pasado y parte importante de presente son fruto de conflictos bélicos en los que prima la sinrazón. Promover la ética es tarea indispensable, y la más eficaz manera de hacerlo es mediante la práctica.