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La guerra de la coca

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Gustavo Moreno Montalvo Consultor independiente

Por cuenta de la coca Colombia no ha conocido normalidad institucional desde los setenta, cuando la debilidad del Estado y la ubicación estratégica del país se conjugaron para que floreciera la producción del clorhidrato de cocaína a partir de la hoja de coca importada de Bolivia y Perú. Se formaron diversos carteles de narcotraficantes en ambiente permisivo. El legendario Pablo Escobar llegó a ser miembro de la Cámara de Representantes en 1982, y los Rodríguez Orejuela fueron empresarios en distribución de productos.

Desde los años 80 el narcotráfico se alió con grupos paramilitares y con la antigua guerrilla marxista para controlar territorio y cultivar coca. Cuando los carteles colombianos buscaron amedrentar al país mediante conductas violentas no tuvieron éxito: las grandes cabezas cayeron, y la cadena de valor internacional quedó en manos de carteles mexicanos y mafiosos rusos con capacidad de distribución al por menor en Estados Unidos y Europa. Las Farc, alimentadas en buena parte por recursos provenientes de la coca, llegaron a controlar más de cuatrocientos municipios en 2002, y en 2010, cuando Juan Manuel Santos decidió impulsar los acuerdos de paz con esta guerrilla, todavía controlaban más de doscientos, de un total de poco más de 1100, con proporción muy baja de la población pero gran participación en el área total del país.

El Gobierno de EE.UU. apoyó con recursos económicos y tecnológicos importantes al presidente Andrés Pastrana (1998-2002) en la profesionalización del ejército y al presidente Álvaro Uribe (2002-2010) en la recuperación parcial del monopolio del poder coercitivo por el Estado, pero la actividad relacionada con los cultivos de coca, su transformación y la exportación del alcaloide no se acabó. Los acuerdos de paz con las Farc conllevaron la desmovilización de unos 7.500 miembros de la base de la organización militar de este grupo, pero el Estado no ocupó de manera efectiva los territorios que ellos desalojaron, lo cual restó eficacia a la negociación.

Incluso se crearon circunscripciones electorales especiales que corresponden a áreas donde hay cultivos importantes y el área cultivada aumentó. Hoy cerca de la mitad de los cultivos está en parques naturales nacionales, y hay unos 80 municipios donde la coca es parte central de la vida cotidiana.

La negociación con las Farc sacó del escenario a buena parte de la organización guerrillera, que fue sustituida por mercenarios al servicio de los carteles mexicanos y por el ELN, grupo guerrillero de discurso intransigente. El Estado es débil hoy frente al reto pese al crecimiento significativo de las fuerzas armadas en los últimos 20 años. La fragilidad de la administración pública nacional hace improbable el triunfo en la guerra mientras se prohíba el consumo en los países ricos: los elevados márgenes crean el espacio para el tráfico de armas y el lavado de activos. Otros países con estados débiles, como Honduras, Salvador y Guatemala, tienen hoy tasas de homicidio muy elevadas y escasas perspectivas como consecuencia de la guerra de la coca. Sería más práctico tratar el problema de la adicción como asunto sanitario y reto educativo, pero los negocios que florecen con la prohibición y los temores en los países del primer mundo frente al riesgo de drogadicción de los jóvenes nublan la razón. La alternativa es arreglar el Estado en Colombia.

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