Impulsar el desarrollo de las zonas rurales del país sería la forma más eficiente de proveer seguridad y permitir el ejercicio productivo del derecho de propiedad en todo el territorio, sobre todo en las zonas periféricas. Sin embargo, la naturaleza centralista de Estado colombiano hace difícil la tarea. Materializar propuestas para hacer del agro fuente importante de progreso requiere inversión en vías terciarias que permitan el acceso fácil a los mercados para los productos, y la prestación eficiente de servicios esenciales a cargo del Estado.

Además es preciso tener políticas adecuadas para evitar la conjunción perversa de fortalecimiento de la moneda por el aprovechamiento de recursos no renovables, y el impacto negativo en los precios de los mercados internacionales resultante de la protección practicada por la Unión Europea, Estados Unidos, Japón e India. Se necesitan mecanismos de crédito efectivo para pequeños propietarios, políticas estables para productos con ventajas comparativas relativas, y paquete tecnológico para dar sustento firme al impulso inicial.

Por supuesto, se requiere hacer seguimiento a los diversos frentes involucrados en la epopeya; hay tareas a cargo del Estado, de propietarios o arrendatarios y de los profesionales del sector, cuyo ámbito visual debe abarcar toda la economía agraria del planeta. El esfuerzo sería de grandes dimensiones, pero los beneficios son evidentes: habría aumento del ingreso rural, hoy muy inferior al ingreso urbano en general; se reduciría la dimensión de los cultivos ilícitos, y se facilitaría, como consecuencia, el ejercicio del monopolio del poder coercitivo del Estado; se generarían oportunidades de empleo importantes, aunque el agro técnico de hoy no es la fuente de trabajo masivo que fue hasta la primera mitad del siglo veinte; se impulsarían exportaciones, no solo de productos agrícolas sino también de cadenas de valor agroindustriales con ventajas comparativas relativas; se robustecerían los fiscos de los municipios agrícolas, en beneficio de la educación, la salud, la seguridad y la tranquilidad de la comunidad.

Formular el plan de trabajo es difícil porque el diseño organizacional del Estado en Colombia es disperso: las autoridades departamentales no tienen papel claro, cada entidad del orden nacional tiene su propia agenda, y los municipios son muy heterogéneos. Sin embargo, la iniciativa impulsada desde el sector privado puede prosperar y lograr resultados revolucionarios. En el proceso habrá que revisar asuntos claves, como la separación entre la remuneración y la prestación de los servicios de salud, y asegurar en forma inteligente la subsistencia del grupo familiar tras la terminación de la vida laboral por enfermedad, vejez o muerte del trabajador. Las incógnitas son enormes, pero la necesidad es evidente.

Quizá se requiera revisar todo el esquema organizacional del sector público para que la tarea sugerida se pueda volver realidad, pero cabe la reflexión de fondo: el ordenamiento de las instituciones debe atender propósitos superiores, consistentes con la tarea de llevar a realidad el estado social de derecho que proclama la carta de 1991. Los empresarios de Colombia tienen la palabra: pueden acoger la propuesta e impulsar una verdadera transformación con sostenibilidad, o dejar que circunstancias adversas abrumen al país y desemboquen en verdadero desastre.