Analistas

Hora de propuestas…

El Estado ha fallado en Colombia. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, es el mismo antes y después de impuestos. La informalidad es condición de la mitad de la población activa. Somos uno de los países más violentos del mundo, y la tasa de homicidios es muy alta. Estamos en el puesto 90 en el más reciente informe de Transparencia. Quedamos en el puesto 59 en la prueba Pisa, entre alrededor de 70 países participantes, y las diferencias en calidad entre la educación privada y la pública son enormes.

La corrupción es el producto natural del pésimo diseño del Estado. No tienen sentido las cuotas del gasto público asignadas a los congresistas sin criterio serio, ni su participación para proveer cargos no políticos. No es lógico que el Consejo de Estado y la Corte Suprema, subordinados en materia jurisprudencial, participen en la conformación de la Corte Constitucional. Tampoco es razonable que el fiscal nombre recomendados de quien impulsó su candidatura, ni que los administradores no enfrenten el deber de evaluar el desempeño de sus subordinados y le trasladen esta tarea a la Procuraduría. El escaso papel de los gobernadores en el devenir de los territorios debe ser motivo de seria preocupación, pues las ciudades región compiten en la economía globalizada. Para completar, no puede operar bien el Estado en su relación con los ciudadanos sin verdaderos partidos políticos.

Los directivos de la Patria deben asignar prioridad a la ética para lograr el prometido futuro mejor. Para ello es preciso construir Estado sostenible, con responsabilidad para los políticos profesionales, y un ordenamiento general sencillo y efectivo. Debe recordarse que la separación de poderes es premisa en EE.UU. y en el Tercer Mundo, donde existe el régimen presidencial, en tanto que Europa Occidental, Japón, Canadá y Australia tienen regímenes parlamentarios; aún en Francia, donde hay tiene tintes presidenciales, los políticos profesionales asumen responsabilidad. El compromiso de los aspirantes al trono criollo con una gestión efectiva durante un período breve, con herramientas modernas para diseñar procesos públicos efectivos y éticos, y así ordenar sin dañar lo bueno, lograría lo que se debe buscar: reconocimiento por servicio a Colombia.

La mejor propuesta será la que resulte de la deliberación, pero conviene esbozar una. La dirección general del gobierno estaría a cargo de un órgano corporativo designado por el Legislador, con participación de personas idóneas independientes; este órgano designaría al equipo de administración nacional, dirigido por el Primer Ministro, y supervisaría su gestión. La justicia sería independiente y el servicio en la máxima instancia judicial vitalicio. No habría Procuraduría: la administración sería responsable de sus actos. La Fiscalía y la Contraloría serían parte de la administración. La financiación de campañas sería a través de los partidos, y solo cabrían en el Parlamento y en la política regional y local partidos con al menos 5% de votación para el Legislador. Habría prospectiva sistemática de largo plazo.

La base de electores sería el destinatario apropiado para una propuesta audaz y efectiva: los políticos profesionales no van a respaldar iniciativas que le abrirían espacio a mucha gente competente, hoy reticente al servicio público, por lo aleatorio de los resultados en lo personal. Lo cierto es que el costo de los procesos públicos actuales, ineficaces y torcidos, es inaceptable, y que es menos complejo pensar cómo debe organizarse el país.