Hacer las reglas

No hay conjunto de reglas con aceptación universal. De una parte, las culturas difieren entre sí. De la otra, el lenguaje cambia de manera permanente. Hasta hace diez mil años el ámbito de la vida económica era, por definición, limitado, pues los grupos eran pequeños y sus actividades se circunscribían a la caza, la pesca y la recolección. Sin embargo, la dimensión social de las comunidades era compleja, rica en símbolos. Desde entonces la posibilidad de acumular bienes, registrar memorias y hacer prospectiva ha crecido en forma notable. Además el tiempo de libre disposición ha aumentado, sobre todo desde la revolución industrial, al igual que las posibilidades de comunicación, por la mayor densidad de la población y por las herramientas novedosas que permiten en la práctica simultaneidad entre emisor y receptor, desde Morse y Bell hasta internet. Todo ello significa que, si el mundo es dinámico y el lenguaje que lo describe es cambiante, hacer las reglas requiere, a su vez, reglas para lograr consistencia, lógica y eficacia.

Hacer las reglas para la convivencia es la más importante tarea de lo público. En Occidente prevaleció la monarquía hasta 1689, cuando los reyes William y Mary aceptaron el Bill of Rights o carta de derechos fundamentales en Inglaterra. Desde entonces se ha construido la tradición democrática poco a poco, con impacto en el resto del mundo. En 1776, se independizó EE.UU. y emitió su carta fundamental en 1787, con régimen presidencial y separación de poderes. El principio de democracia popular cimentó la revolución francesa de 1789-1799. Latinoamérica se separó de España a raíz de la invasión napoleónica y adoptó el régimen presidencial y la separación de poderes de EE.UU. Sin embargo, en todos los casos la producción de normas ha sido desordenada, y los problemas prácticos para el proceso aumentan.

Hoy se enfrentan la superposición de autoridades locales, regionales, nacionales, supranacionales, internacionales y globales, y la necesidad de incorporar los cambios de la realidad en los marcos normativos. De allí la importancia de establecer un buen órgano legislador, con personas idóneas y responsabilidad por las consecuencias de su desempeño.

En Colombia, el legislador diseñado por la Asamblea de 1991 es muy deficiente: no hay planes integrales para construir el Estado Social de Derecho. En cambio, cada aspirante debe movilizar los recursos para su campaña, los mecanismos de divulgación de propuestas son dispares y los partidos políticos tienen papel limitado. Los procesos existentes motivan la corrupción y hacen poco atractivo el servicio para las personas con el perfil adecuado para hacer las reglas. Se repite que el Congreso es incapaz de reformarse y reformar la justicia, de discutible calidad y eficacia, pero no hay iniciativas concretas para enfrentar el problema. Los gobiernos suelen asegurar el apoyo de los congresistas para sus proyectos de ley mediante la entrega de puestos y contratos. La administración de Iván Duque se ha distinguido por no corromper al Congreso pero sus desaciertos en política fiscal le han costado el respaldo popular, y no ha reconocido que el Estado está mal armado, con reglas inadecuadas. Los riesgos de no revisar los procesos públicos y establecer reglas acertadas pueden ser catastróficos en épocas de crecimiento modesto e ineficacia para mejorar la distribución del ingreso.