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Analistas 20/10/2020

Factura electrónica

Guillermo Trujillo Estrada
Analista cafetero
Guillermo Trujillo

Una verdadera vergüenza es el comunicado de la Federación Nacional de Cafeteros que busca sabotear la implementación de la factura electrónica por parte del Gobierno Nacional. Es inconcebible que -el único gremio con el privilegio de concertar todas sus decisiones con el Ejecutivo- produzca un comunicado lleno de falsos argumentos, para presionar políticamente y lograr reversar la medida. El decreto que la reglamenta obliga a los productores de más de diez hectáreas, que son menos de 1 % y no alcanzan a 5.000 caficultores, de estos 360 son mayores a 50 hectáreas y no necesitan este favor del gremio; son empresarios organizados.

El pronunciamiento del Comité Directivo y el gerente de la Federación afirma que se debe revaluar la medida porque existen inmensos desafíos para la Colombia rural, a la que no ha llegado el Estado del bienestar, no existe el auxilio para los mayores de 70 años, 82% están en régimen subsidiado, 75 % vive en la zona rural dispersa, sin escolaridad, inhabilitados para facturar. Señalan que un país en la era de la mula, sin vías en el campo, no puede entrar a la autopista de la información. Remata, de manera desobligante para con el Ministro de Hacienda, indicando que las normas deben ser realizables y realistas.

Esta falacia, montada para defender a los grandes productores, escudándose en las necesidades de los más pobres es verdaderamente inadmisible. Ninguno de los productores señalados en el perfil está obligado a la facturación electrónica. Me recuerdo en estos casos, la frase de un exministro caldense que recomendaba a un amigo comprar una finca cafetera con el argumento que “es bueno estar en un negocio en el que existen muchos pobres, para defenderlo a uno”.

Los grandes cafeteros -que parecería con esta actuación ser el objeto de la Federación-, olvidan que son los únicos beneficiarios de estas medidas, que en nada ayudan a 99% de productores: Capturaron 35% del PIC que le costó a los colombianos $1,4 billones; lograron en la reforma tributaria de 2016 que se admitiera como costo presunto 40% del ingreso, equivalente a la recolección sin necesidad de certificados de aportes a la seguridad social; también lograron que este Gobierno y el Congreso de la República les creara el Fondo de estabilización de precios; y por último, también en el decreto de emergencia económica se creó el Piso Mínimo de Protección Social, para poder conseguir trabajadores por días y pagados por debajo del salario mínimo.

El gremio cafetero vive implorando la ayuda del Estado, recursos del presupuesto nacional, pero cuando le piden a 1 % de los productores que cumplan con las normas que se aplican a todos los sectores de la economía, que por su tamaño de empresarios con ánimo de lucro deben cumplir, colocan de escudo protector las necesidades del otro 99% a quienes la norma excluye, en consideración a que son pequeños y que, en su mayoría, corresponde subsanarlas al gremio con los recursos del Fondo Café. Puedo asegurar que los obligados, por su tamaño no viven en el campo y todos tienen internet.

Resulta increíble que en la misma semana el Gerente le anuncie al país que estamos recolectando la mejor cosecha, y percibiendo el mayor ingreso de la historia.

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