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Analistas 25/11/2014

Protesta por un buen servicio de taxi

Guillermo Cáez Gómez
Socio Deloitte Legal
GUILLERMO CAEZ
La República Más
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El día lunes de esta semana se presentaron en Bogotá y en otras ciudades del país manifestaciones por parte de algunos taxistas que protestaron por la existencia de servicios como Uber, que, según ellos, afectan gravemente los ingresos del gremio. Si bien es cierto que estas iniciativas merecen regulación, también lo es que existen otros servicios de los que no se quejan porque seguro son convenientes para ellos, pero no para los usuarios.

Las aplicaciones informáticas para el servicio de taxi han facilitado sin duda el hecho de pedir uno, han generado cierto clima de seguridad y le han mermado el negocio al gran mandamás, don Uldarico Peña. Lo complejo del panorama es que hoy dichas aplicaciones están promoviendo un incentivo perverso en contra de quienes vivimos en algunos sectores o de los que a determinadas horas (hora pico) necesitamos del servicio. Puntualmente me refiero a la nueva modalidad “VIP” de la aplicación Tappsi.

Por facultad legal, la tarifa de transporte es regulada. En el caso de Bogotá es el Decreto 400 de 2014 el que para este año estableció el régimen tarifario para el servicio de taxi en la ciudad, el cual se están pasando por la faja los señores taxistas con este nuevo servicio “VIP”, que no es otra cosa que un soborno para que uno pueda tomar el servicio. Por ejemplo, he oído frases como: “es que si no es con propina yo hasta allá no subo”, muy parecida al “¿para dónde va?”, o la de “es que si no dan buena propina en hora pico no me muevo”. Este nuevo servicio merece también una declaratoria de ilegalidad como la de Uber. Bien aplica en este caso el dicho de que la ley es para todos. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, propina significa “agasajo que sobre el precio convenido y como muestra de satisfacción se da por algún servicio”. En el caso de la aplicación Tappsi, que tiene la modalidad “VIP” -mediante la cual se ofrece propina previa sin saber si el servicio va a ser o no de buena calidad, cuando la retribución adicional a la regulada va en consonancia con la satisfacción del usuario y la voluntad de darla por la buena contraprestación-, esta se ha convertido en la única modalidad para algunos usuarios con el objetivo de poder satisfacer la necesidad de tomar un taxi, algo así como una especie de soborno o dádiva para efectos de lograr algún fin, pero de esto no se quejan los taxistas, por supuesto, porque, según su silencio, se puede interpretar como que no requiere regulación, y sí que la merece. ¿En dónde están el Ministerio de Transporte o la Alcaldía para frenar esta nueva práctica ilegal? Parece que la regulación solo obedece al poder del lobby. 

El auge de servicios como Uber, que no son tradicionales, son la respuesta a la falla que se está presentando en el servicio convencional del sistema de transporte de taxis, toda vez que nadie pagaría un sobreprecio si no fuera por esta deficiencia, además de la pésima infraestructura del transporte público en Bogotá, que no satisface la demanda y los requerimientos para considerarse una alternativa o sustituto a estos modelos. 

Estos hechos no deben ser tomados solo como golpes a sus intereses: deberían ser un campanazo para que quienes prestan el servicio de taxi logren estándares de calidad y buen trato como los que en algún momento ofreció el grupo de caballeros de la cebra. En este caso, como en otros, los taxistas tienen derecho a protestar, pero también es un deber moral que dicha manifestación de descontento vaya de la mano de cambios reales pensados en el usuario. 

Como todo mercado, el del transporte está sujeto a la leal y correcta competencia, pero no se puede pretender que sean solo ellos quienes dominen el monopolio de la prestación del servicio cuando los niveles de satisfacción en algunos casos son paupérrimos. Si no lo hacen como debe ser, bienvenida la competencia.

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