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Analistas 12/12/2019

El paro que no quiere el cambio

Francisco Mejía Sendoya
Expresidente del Banco Agrario de Colombia

La mejor medida de justicia social en una sociedad está en el ingreso per cápita de sus ciudadanos, y por su puesto en que los que menos ganan estén por encima de la línea de pobreza, condiciones que tienen los países del primer mundo. Un ejemplo de ello es Corea del Sur, que tiene un ingreso per cápita de US$31.000 y donde prácticamente no hay ciudadanos en condiciones de pobreza.

Ningún país nació rico, todos los que han alcanzado el desarrollo lo han hecho gracias a un periodo de crecimiento económico acelerado. El ejemplo coreano es ilustrativo porque su desarrollo ocurrió recientemente; de hecho, Colombia y Corea del Sur tenían el mismo ingreso per cápita en el año 1974, lo cual nos permite concluir que su crecimiento ha sido significativamente más acelerado que el nuestro, que apenas tiene un PIB per cápita de US$6.000.

Este análisis sencillo nos indica que como sociedad debemos buscar todos los cambios que nos permitan crecer aceleradamente para lograr la anhelada justicia social. Sin embargo, la gran paradoja es que en la lista de demandas del Comité Nacional del Paro no hay ninguna que esté orientada en ese sentido, todo lo contrario, algunas de las exigencias implican frenar cambios que este Gobierno está haciendo para poner a Colombia en la ruta del crecimiento. El caso más evidente es la exigencia que hacen para que se archive la Ley de Financiamiento, gracias a la cual Colombia es el país que más crece en la región y exhibe una tasa de crecimiento de 25% en inversión extranjera directa.

Es claro que Colombia no tiene un régimen tributario competitivo que favorezca el crecimiento económico; nuestra carga tributaria efectiva sobre el ingreso neto de las empresas es de 71%, mientras que en los países de la Ocde el promedio es de 39%. Sin embargo, con la nueva Ley de Financiamiento Colombia bajaría a 54,6%, pero, además, la reforma tiene unos componentes de progresividad que tienen un enorme impacto sobre la equidad: la devolución del IVA para 20% más pobre de la población, la disminución del aporte a salud para las pensiones de salario mínimo de 12% a 4%, y los tres días sin IVA al año. ¿Cómo oponerse a esto?

Duele ver cómo unos pocos se oponen al progreso social para defender el statu quo como Fecode, pero no responden por la calidad de la educación que están impartiendo. Duele ver a unos jóvenes adoctrinados por sus maestros tirándole piedras a su futuro; si supieran que un muchacho surcoreano recién graduado de la universidad gana en promedio US$22.000 al año y tiene que escoger entre varias ofertas de trabajo, seguramente le protestarían a sus maestros por inculcarles ideología en vez de conocimientos, y no le protestarían a un Gobierno que hace esfuerzos sobrehumanos para mejorar la calidad de la educación, invirtiendo el presupuesto más alto de la historia y arrebatándole el PAE a la corrupción.

Creo que es el momento de que los empresarios tomen cartas en el asunto y tengan un diálogo con sus trabajadores para ilustrarlos en valores democráticos fundamentales como la importancia de la propiedad privada, de las empresas y del crecimiento económico para lograr progresos sociales. Y creo que los padres de familia se deben involucrar más en la formación de sus hijos para que en vez del odio que promueven los agitadores políticos, entiendan el valor del esfuerzo, de la disciplina, del respeto a la autoridad y entiendan que solo ellos, como individuos, pueden hacerse cargo de su futuro.

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