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La crisis del deporte colombiano no es un asunto menor: responde a una decisión política que desconoce su impacto social, cultural y económico. El recorte presupuestal anunciado por el gobierno Petro es escalonado: el Ministerio del Deporte pasará de manejar $1,3 billones en 2024 a $446.365 millones en 2025 (-65,7%), y a $360.000 millones en 2026 (-72,3% frente a 2024 y -19,3% frente a 2025).
Estas cifras no son simples cuentas. Implican menos apoyo a atletas, menos oportunidades para los jóvenes, menos infraestructura para las regiones y, sobre todo, menos confianza en un sector que transforma vidas.
El golpe más inmediato lo sufrirán los atletas de alto rendimiento, en plena ruta hacia Los Ángeles 2028. Disciplinas como la gimnasia, que dependen casi en su totalidad del aporte estatal, quedarán en riesgo. Solo por citar un ejemplo: ¿Cómo exigirle a un Ángel Barajas que compita al máximo nivel cuando su país le retira las herramientas para prepararse? Sin inversión, no hay resultados.
El recorte también amenaza el deporte social comunitario y los Juegos Intercolegiados, que no solo fomentan la actividad física, sino que ofrecen alternativas de vida a miles de niños y jóvenes. Al suspender estos programas, se corta la cadena de formación, se pierden talentos y se debilita la función del deporte como motor de equidad.
La contracción presupuestal afectará igualmente la inversión en escenarios y equipamiento. Un país que deja morir su infraestructura deportiva no solo perjudica a los atletas actuales, sino que renuncia a la posibilidad de organizar grandes eventos. El impacto económico de los Juegos Nacionales, los Panamericanos o el Tour Colombia podría diluirse sin inversión.
El deporte en Colombia ha sido un puente de reconciliación y convivencia, llevando presencia estatal a través de una cancha, un entrenador o un torneo interbarrial. Reducir recursos significa privar a comunidades enteras de esa herramienta de integración y paz, en un país que aún busca sanar sus heridas.
Desde 2018, Colombia ha logrado triunfos en Juegos Olímpicos, Panamericanos y Campeonatos Mundiales. Sin embargo, con un presupuesto debilitado, se reducen las oportunidades para mantener ese nivel competitivo y alcanzar el máximo potencial. No se trata de un simple ajuste administrativo: es un retroceso histórico que compromete logros deportivos, sociales y culturales construidos durante décadas.
La conclusión es clara: este no es un recorte técnico, es una decisión política. El mensaje es que el deporte no es prioridad para este Gobierno. Lo que costó años levantar corre el riesgo de desaparecer. Colombia no merece un Ministerio del Deporte reducido a una oficina de trámite. Merece una política sólida, con recursos estables y visión de futuro, como en su origen. De lo contrario, no solo perderemos medallas: perderemos cohesión social, oportunidades y esperanza.
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