En muchas ocasiones nos hemos referido a la tozudez de los gobiernos conservadores británicos que, para obtener réditos políticos internos, hacen pulsos con la Unión Europea (UE). Antes del referéndum sobre el Brexit fanfarroneaban -sin la intención real de salirse- para mejorar su encaje en la UE, después, exacerbando el nacionalismo, pregonaban un Brexit duro para llegar a un Acuerdo de Retirada más cercano a sus intereses.

Ahora, para sacudirse de la errática gestión de la pandemia exponen la paz alcanzada hace más de 30 años en Irlanda del Norte, la respetabilidad del Reino Unido en el cumplimiento de las obligaciones internacionales y sus relaciones futuras con la UE.

El Gobierno británico, de forma unilateral, desconoce la fuerza vinculante del Acuerdo de Retirada suscrito el pasado mes de enero y modifica cláusulas referidas a Irlanda del Norte. El territorio en mención, pese a que el 1° de enero de 2021 se perfecciona la salida británica de la UE, en virtud del Acuerdo, seguiría en el Mercado Interior y, por lo tanto, sometido a las reglas comunes de Europa.

Johnson, que acepta a medias que incumpliría el Acuerdo “de un modo muy específico y limitado” pretende, con su Ley del Mercado Interno, dejar en manos de sus ministros la decisión de informar o no a Bruselas sobre las ayudas públicas que reciban las empresas radicadas en Irlanda del Norte, y se reserva también el privilegio de decidir qué mercancías deben someterse a declaración de aduanas en los intercambios entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.

Resistirse a entender que el protocolo para Irlanda del Norte se pactó como una salvaguarda inquebrantable, independiente de que hubiera o no un acuerdo entre Londres y Bruselas sobre su relación futura en la era post-Brexit, es pretender el restablecimiento de una nueva frontera entre las dos Irlandas y resucitar la violencia.

Nadie niega que el Reino Unido, una vez fuera del mercado interior de la UE, pueda reordenar su propio mercado, donde Escocia, Gales o Irlanda del Norte, de forma autónoma, recuperarán competencias propias en materia de pesca, agricultura, comercio, etc., pero los privilegios que quiere abrogarse Jhonson son combustible a un conflicto que se desactivó gracias a la inexistencia de una frontera entre las dos Irlandas.

Por su parte, Carolyn Fairbairn, directora general de la Confederación de la Industria Británica, antes de la asunción de Jhonson, abogaba porque el Brexit se acompañe de un acuerdo con la UE que suavice sus consecuencias. Ahora, enfatizando en que las reservas acumuladas por meses, en previsión de una salida a la brava del Reino Unido de la UE, se han agotado por hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, reitera su solicitud, pues “una introducción abrupta de restricciones en el comercio con la UE sería devastadora”.

El primer ministro británico nos quiere convencer, a propios y extraños, que “es un principio asentado en la legislación internacional que cualquier Estado puede dejar sin efecto las obligaciones” cuando actúa de buena fe. La tozudez es riesgosa, en este caso se juegan la paz, la respetabilidad internacional y el descarrilamiento definitivo de un Brexit suave. Muchos británicos deben estar pensando en la frase originaria de Groucho Marx que internacionalizó Mafalda ¡Paren el mundo, que me quiero bajar!