La energía es un asunto político

El neoliberalismo ha sido sobre todo un intento de impedir la deliberación ciudadana en la esfera pública sobre temas económicos que son políticos porque conciernen a toda la ciudadanía.

Pretendieron separar la política de la economía, un asunto que afecta la vida de todos y todas y además estigmatizaron la política y a aquellos que creemos que es una vocación y un oficio al servicio del sistema democrático y en especial al servicio del Estado Social de Derecho, la piedra angular de la constitución de 1991 y que ahora con medidas, leyes, decretos y políticas del Gobierno del Cambio, estamos concretando para hacer realidad ese, el artículo 1º de la carta política.

Además, a la ideología económica neoliberal, la “disfrazaron” de ciencia pura y la matematizaron para señalar después a todas las otras escuelas existentes de NO científicas y en consecuencia esas sí, ideológicas. En Colombia, ese neoliberalismo, empezó a ser el único programa económico posible y “científico” con la llegada de César Gaviria a la Presidencia y Rudolf Hommes al Ministerio de Hacienda en 1990. Y los resultados están a la vista, destrucción de la industria y la agricultura y volver mercancías y monopolios u oligopolios lo que son realmente derechos humanos que en 1991 la Constitución consagró.

Esta ideología intentó sacar de la esfera pública problemas que afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas, que en un estado social de derecho deben ser ellas y ellos los titulares de su solución a través de la deliberación pública y trasladaron las decisiones a los pequeños círculos de la tecnocracia neoliberal o el empresariado y sus gremios.

Ocurrió también con la globalización, los pueblos y las naciones perdieron buena parte de su soberanía que fue expropiada por organizaciones internacionales, tratados de libre comercio y grandes corporaciones. El derecho de propiedad, las libertades económicas o el libre mercado se convirtieron en normas pétreas, talladas en piedra, inmodificables. Buscaban que las elecciones o el Congreso no modificaran nada, no alcanzaran lo que se convirtió en intocable.

Y lo estaban logrando. Pero la resistencia que ha generado este modelo que pretendió saltarse la regla democrática en nombre del liberalismo económico a ultranza terminó por quebrarse, vive el planeta un estado de alta tensión social y de repolitización del mundo, están cayendo los gobiernos, se masifica la revuelta y la protesta y lo establecido está en cuestión. Estamos en otro escenario. Vuelta al proteccionismo, apuestas reindustrializadoras, guerra cultural o cambio climático y en Colombia un gobierno popular.

Un intento en serio de torcer la realidad y eliminar la acción colectiva ocurrió en el mundo del trabajo, lo convirtieron en “mercado” laboral, atacaron toda la legislación que hacía del contrato de trabajo una legislación especial por que protegía a la parte débil, los trabajadores y restringieron el derecho de asociación por ley, con persecución y con violencia, hasta reducirlo a casi cero en el sector privado colombiano.

Pasó lo mismo con la energía. La energía es un derecho humano y no una mercancía como se trató de convertir también el mundo del trabajo. Es derecho que hace posible la realización de otros y claro es un problema político en el que el debate público y la transparencia es esencial. Pero lo convirtieron en un opaco juego entre tecnócratas y empresarios con el Estado como espectador.

Una consecuencia de la opacidad es que nunca se hizo público el incumplimiento sistemático de las empresas del sector durante al menos 12 años, los gobiernos de Santos y Duque, en los que ingresaron al Sistema Integrado Nacional mucha menos energía de la planeada, grave problema que este Gobierno sí está resolviendo.

También es opaca la forma en la que los recursos de subsidios y cargo por confiabilidad, pagados por la ciudadanía con sus impuestos y en la factura de servicios, han crecido exponencialmente. Además, aunque todos lo niegan, hay una poderosa resistencia a la transición energética, gracias a la cual recibimos una matriz energética en el que solo 2% era energías limpias.

Estos temas se silenciaron con todo éxito hasta 2022 cuando el mandato popular fue cambiar la matriz energética, descarbonizar, romper el monopolio del gas o cambiar la forma como se define el precio del etanol y bajar los precios de la electricidad que minan la competitividad del país y claro, cumplir ese mandato toca poderosos intereses. Pero los resultados se están viendo, a pesar de todos los obstáculos y todos los enemigos, en solo tres años las energías limpias llegaron a 14% de la matriz energética y en 2026 serán 20%.

Por eso, desde que asumí el cargo de Ministro de Minas, mi primera obligación es cumplir el mandato popular y he convocado a la más amplia participación ciudadana y al mismo tiempo estamos llevando energía barata, limpia y estable a los territorios excluidos desde siempre. Que cada día más personas colectiva o individualmente puedan generar su propia energía incluso venderla, intercambiarla o almacenarla es un avance democratizador profundo.

Mientras tanto los gremios, con quienes mantengo canales abiertos y amables de comunicación y a quienes he propuesto llegar a acuerdos sobre todos los temas a partir de propuestas claras y concretas, hasta el momento ni proponen, ni desean el más mínimo cambio en el modelo energético del país, pero no nos vamos a quedar quietos.

No ayuda a la transparencia y la claridad del debate público la tupida red de gremios por todos los segmentos de la cadena energética y la dispersión de funciones y de recursos por todo el sector de energía del Estado. El sector requiere una reforma profunda para que sea una institucionalidad eficaz y dedicada a la transición energética justa.

La única acción que esperan del Estado los poderosos intereses privados del sector es que no cambiemos nada, no hagamos nada, que ellos si son los expertos, que nunca se equivocaron dicen y nosotros los populistas. Que dejemos al mercado (hiperconcentrado) la fijación de los precios. Eso es pura ideología, que oculta la especulación que ocurre hoy.

Lo que es necesario es que se abra el debate público, sobre precio en bolsa, cargo por confiabilidad, contratos a largo plazo y descarbonización. No al contrario.

Y a las pruebas me remito. En un evento de Promigas el 17 de septiembre, la directora de la Silla Vacía reconocía que el tema energético había aparecido en la agenda pública en este Gobierno y que antes no era así, porque ahora les había tocado estudiar el tema, antes eso no era noticia, no había debate, nadie tenía que dar explicaciones. Esa me parece una declaración sensata y un aterrizaje a la realidad de esta época. Colombia ha vivido hace tres décadas de espaldas al debate público sobre energía y ahora ya no es así.

Los conflictos sociales y sus estallidos, no se resuelven con más guerra (Trump - Putin) o genocidios (Netanyahu) ni más cárceles llenas de personas sin juzgar y por término indefinido (Bukele) o deportando migrantes (Trump o la extrema derecha europea), mucho menos negando el cambio climático, tampoco ayuda la concentración extrema de la propiedad en el sector. Los conflictos sociales se resuelven sin violencia, con derechos, democracia vibrante y justicia social. Desde el Ministerio de Minas y Energía estamos haciendo nuestra parte para construir paz con justicia mejorando la vida de la inmensa mayoría y llevando energía a donde el “mercado” no le interesa llegar.

Si entendemos el trabajo decente y la energía como derechos humanos y como derechos habilitantes de otros derechos, no solo sociales como la salud, la educación o la alimentación, sino también como derechos políticos, por ejemplo, a la participación o la libre expresión, entendemos que son dos palancas poderosas para el ascenso social de la inmensa mayoría, sin duda artefactos potentes para igualar una sociedad tan desigual. Esos derechos son esenciales para lograr hacer eficaz el artículo uno de la Constitución, que haya Estado Social de Derecho. El propósito principal del gobierno popular de Gustavo Petro. Política pura y dura.