Analistas

La cruzada contra la corrupción

No es nada alentador el último informe de Transparencia sobre los riesgos de corrupción en el país. La gran mayoría de las entidades del Estado, a nivel nacional, departamental y local, fueron clasificadas en riesgo de corrupción ‘alto’ y ‘muy alto’, destacándose el hecho de que los departamentos y municipios pobres, son más propensos a procesos de corrupción administrativa. La contratación es definitivamente la fuente de mayores abusos y la fórmula que usan los corruptos para apoderarse de los  recursos oficiales. 59% de las licitaciones departamentales y 53% de las licitaciones municipales tuvieron un solo proponente, lo que arroja claras sospechas de sesgos indebidos.

 Según un informe de  la Procuraduría Delegada para la Descentralización y Entidades Territoriales, con base en datos de Colombia Compra Eficiente y el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), el total de la contratación del Estado con particulares, el año pasado, ascendió a $52 billones: entidades nacionales $32 billones y territoriales $19,6 billones. Alcaldías, gobernaciones y entidades del nivel nacional centralizadas y descentralizadas, suscribieron el año pasado 366.102 contratos, de los cuales el 41,3% se efectuó mediante la modalidad de contratación directa, práctica que incrementa la vulnerabilidad del sector oficial a la corrupción.

Todo indica que pese a la catarata de escándalos que, día tras día, aparecen en todos los rincones del país, las voces y las actuaciones de personas y organizaciones de todo orden que luchan contra este flagelo, no producen los resultados deseados o no logran que cambie el curso perverso de un ciclón que amenaza nuestra institucionalidad y carcome las bases y entrañas del sistema. El saqueo supera inimaginables montos de recursos públicos destinados a paliar necesidades en los sectores más deprimidos de la población colombiana, generando una sensación de frustración, fatiga y cólera en la sociedad, que asiste impotente a la dilapidación de sus impuestos. 

El jueves, no más, la Fiscalía General de la Nación hizo imputación de cargos a ocho exdirectivos de Reficar y Ecopetrol, por los sobrecostos en la Refinería de Cartagena, que podrían constituir el mayor saqueo del erario, en toda la historia del país, por un monto que supera los $610.00 millones y que, en palabras del fiscal Martínez, es un desfalco 18 veces mayor a lo que pagó Odebrecht en sobornos.

Pareciera llegado el momento histórico de hacer lo que nunca se ha hecho: un examen ético y moral de la forma como se administra lo público para tomar la decisión clara e irrevocable, de tolerancia cero, frente al fenómeno de la corrupción. Para nadie es un secreto que los elevados costos de las campañas políticas, con contadas excepciones, se financian con recursos aportados por un círculo de contratistas que se enriquecen, sin pudor, a la vista de todo el mundo, haciendo cuantiosas “inversiones” que luego recuperan, con creces, mediante la obtención de jugosos contratos, en un carrusel que no es extraño a ninguna región del país. 

No hay sector de la administración que no haya sido tocado por esta pandemia, y no se ve en la dirigencia, ni menos en la clase política, la decisión de reconocer su responsabilidad y de adelantar las reformas que el país reclama para afrontar esta emergencia nacional.

 La cruzada que han emprendido sectores sociales con Fiscal, Procurador y Contralor a la cabeza, merece el aplauso y el respaldo de la ciudadanía. Pareciera, en buena hora, que la corrupción ha tocado fondo y que el debate próximo obligará, a todos los actores, no solo a fijar posiciones sobre el tema, sino a caminar sobre un terreno minado, donde no podrán repetirse impunemente los aviesos procedimientos a que nos tienen acostumbrados. 

Sin lugar a dudas, la aparición sistemática de escándalos de corrupción, tiene profundas implicaciones en la economía y en la aclimatación de la paz. Para superar escollos en el espinoso proceso del posconflicto y para recuperar la confianza perdida del consumidor de a pie, no bastan las buenas intenciones; hay que derrotar a los corruptos.