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Datos sobre el comportamiento de las economías de América Latina han mostrado que a pesar de la pandemia del covid-19, los efectos sobre la economía colombiana en el primer trimestre del año fueron menos fuertes de lo esperado. De acuerdo con cifras presentadas por Portafolio, dentro de las economías de la región, Colombia y Chile fueron las únicas que crecieron a cifras positivas en el primer trimestre de 2020: 1,1% y 0,4% respectivamente. Además, las más recientes proyecciones de crecimiento que maneja la Cepal muestran que dentro de los países de la región, Colombia tendría una caída del PIB del 5,6%, menor al promedio de América Latina y el Caribe (-9,1%).

Pero, para hacer que la recuperación sea más sostenible, ¿cuáles deben ser las acciones que se deben implementar? ¿debe el Gobierno Central ser el único agente que dinamice la economía? Sobre esto, se han generado distintas versiones y se ha criticado que en Colombia el presupuesto para atender la crisis sea bajo en comparación con otros países. Sin embargo, poco se ha mencionado sobre el papel que deben tener las empresas privadas en momentos de crisis y para reactivar la economía.

Desarrollos recientes de Porter y Kramer llaman la atención sobre el rol de las empresas para generar valor en la sociedad. Para estos autores, el eje central es la articulación entre los problemas y desafíos de la sociedad y la rentabilidad de las empresas. Esto último, no se debe confundir con iniciativas de responsabilidad social o que solo buscan mejorar la reputación, pues la teoría que ellos plantean, valor compartido, incorpora la generación de valor dentro del mismo proceso de maximización de ganancias de las empresas.

Para Porter y Kramer es indiscutible que para que una compañía sea exitosa requiere de una sociedad saludable, lo cual incluye una provisión adecuada de servicios de educación, salud, igualdad de oportunidades y cuidado del medio ambiente, entre otros.

En dicha línea, la Fundación Andi ha venido desarrollando una iniciativa por reconocer el papel de algunas empresas que desarrollan sus actividades productivas en el territorio nacional, en la generación de impacto social mejorando así la competitividad de sus negocios. Como resultado, en 2019 se incluyeron empresas como Alpina, Alianza Team, Bayer, Cemex, Codensa, Colanta, Corona, entre otras.

¿Cuál es el aporte de dichas iniciativas en la dinamización de la economía? Econometría ha desarrollado recientemente estudios de valor compartido para Promigas y Argos en los que estimó que el valor presente neto del valor compartido para la sociedad de las iniciativas desarrolladas por dichas empresas en el año 2018 alcanzó valores cercanos a 0,6% del PIB. Resultado explicado en gran parte por proyectos educativos, de emprendimiento y en general de promoción del desarrollo local. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo las 5.000 empresas más grandes de Colombia incorporaran el esquema de valor compartido? Si tomamos un escenario conservador en el que cada empresa generase un valor compartido promedio para la sociedad de un centésimo (1/100) de lo estimado para Promigas y Argos, el efecto estimado sería de 15% del PIB de 2018.

Como Econometría ha mencionado en otras columnas, es claro que esta crisis abre una oportunidad para pensar las reformas estructurales necesarias para enfrentar de mejor manera las consecuencias de la pandemia. Por eso, a continuación, se proponen dos alternativas para la reactivación de la economía post covid 19.

En primer lugar, las empresas privadas deben repensar sus actividades en línea con el valor compartido, lo cual implica incorporar dentro de las políticas corporativas iniciativas explícitas que busquen generar valor compartido para la sociedad. Es decir, debe ser un tema estructural en sus líneas de negocio y no simplemente acciones coyunturales de responsabilidad social. Entre otras, esto implica generar estrategias que busquen mejorar las condiciones de vida, no solo de sus empleados y sus familias, sino en general de las comunidades en donde desarrollan sus actividades. Además, implica estrategias de desarrollo sostenible que busquen generar efectos positivos sobre el medio ambiente. Sin embargo, esto debe ir más allá de cumplir con reglamentaciones o criterios definidos por la ley, pues si se incorpora dentro de las estrategias de maximización de beneficios debe abarcar un amplio espectro de beneficiarios y entornos.

En segundo lugar, implica que las iniciativas privadas deberían articularse con las estrategias de largo plazo del Gobierno para la inclusión productiva. Es claro que, al combinar las acciones de estos dos actores, se pueden potenciar los resultados que si se realizarán individualmente. Además, implica establecer líneas específicas de acción en las que las empresas privadas puedan desarrollar sus estrategias para desarrollar valor compartido en aquellos sectores o comunidades que más lo requieran. Por ejemplo, la estrategia de alianzas productivas en las que, a partir de iniciativas, en muchos casos lideradas por empresas privadas, el Gobierno Central apoya el desarrollo de actividades productivas bajo condiciones adecuadas.

Como en otras columnas de Econometría, esto hace parte del tipo de reformas que han sido propuestas para superar los efectos negativos de la actual pandemia.

Benjamín Venegas