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El Gobierno Nacional radicó ante el Senado de la República el Proyecto de Ley No. 43 del 28 de julio de 2025, con el propósito de regular el uso de la Inteligencia Artificial, IA, en Colombia. Se busca promover el desarrollo ético, responsable, competitivo e innovador de esta tecnología. Desde la expedición del Conpes 3975 en 2019, se han venido definiendo los principios orientadores para su despliegue en el país. Sin embargo, iniciativas legislativas posteriores no lograron avanzar. Hoy, con un entorno internacional cada vez más regulado, Colombia no puede seguir aplazando esta discusión.
El proyecto de ley reconoce que el desarrollo tecnológico debe ir de la mano del progreso social. En esa dirección, propone no solo la creación de sistemas de vigilancia y control para garantizar la idoneidad técnica de los desarrollos en IA, sino también la gestión de riesgos y la protección de derechos fundamentales. El enfoque es acertado: se trata de fomentar innovación y competitividad, sin renunciar a la ética.
Quisiera detenerme, en uno de los aspectos más trascendentales del proyecto: sus implicaciones para el sistema educativo colombiano. De aprobarse esta iniciativa, todo el sistema educativo deberá emprender una profunda transformación curricular. En la educación básica y media será obligatorio incluir contenidos formativos relacionados con ciencia de datos, pensamiento computacional, ética digital e inteligencia artificial. En la educación técnica y tecnológica, el Sena y las instituciones de educación superior deberán articular estrategias para formar talento humano especializado en IA. Por su parte, las universidades deberán incorporar contenidos orientados al estudio de los fundamentos, aplicaciones sectoriales, impactos y principios éticos de la inteligencia artificial, en programas de áreas diferentes a las TIC, manteniendo un enfoque interdisciplinar.
Esta apuesta es tan necesaria como ambiciosa. La transformación educativa no puede hacerse sin diálogo sectorial, sin recursos y sin una visión clara de largo plazo. Las universidades debemos asumir un papel activo en el debate legislativo, aportando no solo desde el conocimiento, sino también desde la experiencia acumulada en formación, investigación y extensión. No se trata solo de enseñar sobre IA, sino de formar ciudadanos capaces de habitar de manera ética y crítica la era posdigital.
El proyecto de ley designa al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como la autoridad nacional en materia de IA, en articulación con los ministerios de Educación y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta coordinación interministerial resulta fundamental no solo para garantizar eficiencia en la implementación de la política, sino también para viabilizar la asignación de recursos. Adicionalmente, es necesario establecer incentivos tributarios al sector empresarial para cofinanciar la transformación educativa y facilitar la apropiación no solo de la IA, sino de las tecnologías emergentes en general.
Colombia está frente a una oportunidad histórica. Regular la IA no es un asunto técnico, es una apuesta política, social y educativa. La calidad de nuestra respuesta determinará si esta revolución tecnológica será, también, una oportunidad de equidad y desarrollo para todos.
El primer daño es el tránsito de la búsqueda genuina de la verdad hacia la imposición de la posverdad, donde los hechos dejan de importar y son reemplazados por narrativas conveniente