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Es imposible pensar en la década de los 90 en Colombia y no recordar los apagones vividos durante 1992 y 1993. Esta situación fue producto del mal manejo del sector energético, que para ese momento era público en casi su totalidad. Los retrasos que presentaron proyectos nuevos de generación de energía y la incapacidad de las plantas existentes fueron determinantes para ese racionamiento. La cereza del pastel fueron las sequías que disminuyeron la disponibilidad de recursos hídricos que son indispensables para generar electricidad en el país. Todo lo anterior condujo a un terrible desenlace para los colombianos: 343 días de racionamiento eléctrico de hasta 10 horas diarias.
Desde ese entonces, el país no ha presentado nuevos racionamientos, ni siquiera durante las intensas sequías de 2015 y 2016. Una de las razones que ha permitido no repetir esta historia en los últimos 30 años es la descentralización del sistema eléctrico, que trajo consigo la participación privada y competitividad en el sector. Desconocer lo anterior es condenar a los colombianos a revivir los fracasos de un sistema 100% estatal.
Tal y como lo advertí durante el debate de control político en el que cité a la ministra Irene Vélez el pasado 22 de marzo, Colombia presenta un riesgo eminente de un racionamiento eléctrico. La llegada del Fenómeno del Niño es imparable: hay un 80% de posibilidad de que empiece durante mayo-julio de este año y de más del 90% de que persista al final de año. El aumento en las temperaturas causa una disminución en los niveles de los embalses y pone en riesgo la generación de electricidad a partir de esta fuente.
Al Fenómeno del Niño hay que sumarle los grandes retrasos que han presentado varios proyectos de generación y transmisión de energía en el país. Uno de los proyectos de generación eólica más grandes del país, el parque Windpeshi, ha alcanzado un avance de 39%, cuando debería ser de un 88%. Otro ejemplo claro es el proyecto Hidroituango, donde los más de cuatro años de demoras se reflejan en que, a hoy, solo estén operando dos de las ocho turbinas que se tenían previstas. Finalmente, el proyecto de transmisión Colectora, cuya entrada en operación representaría el 9,6% de la demanda de energía del país, ha presentado más de 12 meses de retrasos debido a dificultades en las consultas previas con las comunidades.
Estos elementos generan el coctel explosivo que nos pone en riesgo de racionamiento eléctrico, pues afectan tanto la disponibilidad de agua que es esencial para la generación de más de la mitad de la energía del país como la capacidad de generación debido a los múltiples proyectos que no han iniciado sus operaciones. Hasta ahora, la estrategia del Ministerio para dar solución a esta situación es errónea, ya que contempla medidas orientadas al control de precios del servicio eléctrico, que van en contra de los logros obtenidos en las últimas tres décadas por el sistema y que aumentan aún más el riesgo de un racionamiento.
Además, preocupa la notoria inexistencia de la independencia de la Creg. A hoy, cuatro de los seis comisionados expertos de la entidad hacen parte del gobierno y fueron nombrados por encargo, no a término fijo de 4 años, como se ha hecho anteriormente. En la práctica, esto significa que pueden pedir la renuncia de estos expertos en cualquier momento, en particular, si las decisiones tomadas por ellos no siguen las directrices de la ministra Irene Vélez.
El mal manejo por parte del Ministerio ha llevado a una gran incertidumbre en el sector, donde varios agentes han manifestado que no confían en las reglas de juego de la Ministra y que la bandera de la transición energética del gobierno parece más una estrategia de medios que una voluntad real. Lo que vemos es que, en la práctica, el gobierno aprobó un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que aumenta en un 500% los impuestos que deben pagar los proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables. ¿Por qué, en lugar de aumentar estos impuestos, la Ministra no prioriza un acompañamiento integral a los proyectos que no han podido poner sus operaciones en marcha?
No deja de sorprender que, aun con todas estas alertas, el presidente Petro decida mantener en su gabinete a la ministra Irene Vélez, quien ha sometido a la economía colombiana a una montaña rusa con sus declaraciones.
El amiguismo pesa más que la responsabilidad con todo un país.
