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Tribuna Parlamentaria 14/07/2021

El país de los jóvenes

Catalina Ortiz
Representante a la Cámara

Durante los últimos meses, en compañía de varios congresistas, muchos jóvenes y de diferentes partidos políticos, nos hemos dedicado a recorrer diversos municipios de Colombia para escuchar a los jóvenes que durante semanas se manifestaron en medio de uno de los estallidos sociales más prolongados, violentos y polémicos de las últimas décadas en el país.
La iniciativa llamada “Los jóvenes tienen la palabra” tiene el propósito de recorrer las ciudades con los más altos índices de desempleo juvenil para oír sus reclamos y sintonizarnos con su indignación para construir conjuntamente proyectos de ley y debates de control político en la legislatura que inicia el 20 de julio en el Congreso.

Nuestra gira inició en Cali, la ciudad más afectada por los bloqueos y los disturbios, y hasta la fecha hemos visitado ocho municipios: Ibagué, Pereira, Valledupar, Riohacha, Buenaventura, Tumaco y Villavicencio. Estos espacios de encuentro alrededor del país nos han permitido no sólo conocer las críticas, ideas, temas y propuestas para superar la situación actual sino la profunda indignación y desesperanza de los jóvenes.

Ha sido muy duro y aleccionador encontrarse a unos jóvenes, en muchos casos con ninguna confianza en las instituciones y en el futuro próximo. Han salido de manera muy preponderante su hastío con el Congreso, con los partidos y la clase política en general. Es como si el contrato social estuviera completamente fragmentado. También es cierto que los jóvenes son muy heterogéneos en las diferentes ciudades del país y hay algunos territorios donde se encuentra mayor profundidad en el entendimiento de los problemas.
Lo cierto es que si no se atienden de manera estructural los reclamos y la indignación de los jóvenes, el tipo de paro que vivimos en mayo se volverá cada vez más común con las nefastas consecuencias para la economía. ¿Cuáles son algunas de las iniciativas que surgen de estas conversaciones?
Primero, es importante que el Congreso, como representante de la clase política y objeto del desprecio de la ciudadanía (y con razón), demuestre que está dispuesto a acabar con muchos de sus privilegios, incluyendo el salario y los meses de receso. Esto no arregla el país, pero demuestra que hay unos políticos que estamos dispuestos a oír y actuar cuando de estas inequidades se trata.

La reforma a la policía es urgente. En los barrios de Colombia hay un conflicto diario y profundo entre los pelados y la policía. El acoso que sienten no es producto del paro sino de la convivencia diaria. Esto no se arregla con un cambio de uniforme sino con un nuevo planteamiento de cuál es la labor de la policía en la vida de los ciudadanos.

Una de las cosas evidentes y preocupantes es que los jóvenes no parecen “comprar” que el modelo económico imperante sea al que ellos se van a suscribir. Sin embargo, no son ajenos a los aires del emprendimiento, como camino, y reclaman programas y proyectos enfocados en el desarrollo empresarial, la innovación y el emprendimiento, con un porcentaje obligatorio de participación de jóvenes. También piden mecanismos efectivos para aumentar el empleo juvenil.

En las próximas semanas, visitaremos Quibdó, Florencia, Bogotá, Tunja, San José del Guaviare, Popayán, Neiva, Cúcuta, Pasto y Sibundoy. Desde el Congreso tenemos la responsabilidad profesional y moral de escuchar a los jóvenes, para construir un país donde todos tengamos cabida.