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No es un debate nuevo, revive cuando se evidencia incapacidad política para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, se aprovecha como válvula de escape ante picos o eventos críticos de inseguridad, llámense Catatumbo o Chocó y sirve de fachada para justificar causas históricas que no han permitido mitigarlo o simplemente para liberar responsabilidades.
Según la ONU, en su informe mundial contra las drogas, 292 millones de personas consumen drogas, registrando un aumento de 20% en la última década. Ante la alarmante cifra, surgen voces que explican ese incremento como consecuencia de un incorrecto enfoque antidrogas, pero olvidan factores científicos, económicos, de salud pública y seguridad que desvirtúan esta orientación típicamente progresista.
El argumento científico señala que precisamente ese incremento de consumidores, está relacionado con una de las primeras características de la drogodependencia que es la progresividad: se inicia el consumo de sustancias blandas como la marihuana y se avanza gradualmente hasta las denominadas drogas duras como cocaína, opioides y anfetaminas. El mejor ejemplo es que ya vamos en el temido fentanilo y así sucesivamente la adicción conlleva a sustancias más fuertes, potentes y degenerativas. Las drogas y el alcohol generan una de las tasas más altas de mortalidad en el mundo: más de tres millones de decesos al año según la Organización Mundial de la Salud.
En términos de salud pública, también está probado que incrementa el riesgo de contraer cáncer, enfermedades cardiovasculares, mentales e infecciosas, las más costosas de tratar. Solo uno de cada 11 consumidores recibe tratamiento. Las barreras de acceso son múltiples, la primera es el costo. La adicción afecta los grupos sociales más desfavorecidos y vulnerables, pues disponen de menores recursos para su atención, cayendo en un círculo vicioso de dependencia. En el caso colombiano con el sistema de salud en crisis y desfinanciado, se incrementaría la mortalidad. Una contradicción frente a los grandilocuentes discursos de protección de la vida.
Por otra parte, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Jife, máxima instancia independiente de supervisión a la regulación antidrogas, con base en evidencia, ha sido enfática en señalar que los costos de atención de la drogadicción son superiores a los de una eventual normalización de la producción, reglamentación sanitaria del consumo de estupefacientes y todas las que conlleva la legalización. Además, reproduciría un sinnúmero de problemas sociales como episodios de impulsividad, trastornos de ansiedad por la adicción, depresión y agresividad, que demandarían una mayor intervención de las autoridades, descuidando otros frentes de atención de lo público.
Ni hablar del impacto en seguridad ¿Se puede pensar que el narcotráfico y el crimen organizado desaparecen con la legalización? Claramente no. Los grupos ilegales han probado su capacidad de acudir a otras rentas que generan tanto o más lucro, como la minería ilícita y la extorsión. De hecho, para los colombianos la mayor percepción de inseguridad la genera el expendio y presencia de consumidores de drogas en el espacio público: calles, parques y entornos escolares. Esto corrobora que la estrategia no puede ser solo policiva, sino que también debe ser preventiva y de tratamiento al drogodependiente.
Está probado que cuando existe una política articulada que combina erradicación, aspersión, sustitución y alternativas viables para los cultivadores, persecución frontal contra los grupos ilegales articuladores de la cadena y sus canales de distribución, es posible lograr mínimos históricos como en 2013, cuando Colombia dejó de ser el principal productor mundial de cocaína. Esta estrategia le permitió exigir el mismo nivel de compromiso y esfuerzo a los países consumidores.
Finalmente, existe una razón superior, que no se mide por las grandes y frías estadísticas: la de las miles de familias que sufren la tragedia de tratar una adicción, las que desearían que las drogas nunca hubieran tocado sus hijos y destruido sus hogares ¿Quién no se ha consternado con la dureza del testimonio de un deportista, un prominente profesional o cualquier familiar que cayó en la drogadicción? Por estas y muchas más razones es que decimos no a la legalización, no a abrirle una puerta que facilite la descomposición de las familias, no a desmejorar la salud pública y mil veces no a propuestas como esta, que le otorgan una victoria fácil contra lo que toda la vida hemos luchado: la ilegalidad.
