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Se cumplió un año desde que en Colombia se implementó la primera cuarentena y se adoptaron medidas para mitigar la propagación de la pandemia. Como era de esperarse el impacto en la economía ha sido profundo con miles de cierres de empresas, pérdidas de empleo y una apabullante contracción de 6,9 puntos porcentuales en el PIB.
Así mismo, durante 2020 la tasa de desempleo llegó a los picos históricos más altos, ubicándose en 24,9%. En un comunicado a inicios del año, el Dane manifestó que la pandemia dejó una pérdida de al menos 10 años de esfuerzo en políticas de empleo, pues según estudios, sólo hasta abril de 2020 ya se habían perdido 5,3 millones de puestos de trabajo.
Pensando en cómo aliviar esta situación, presentamos un proyecto de ley compuesto por tres medidas que buscan que las empresas de todos los tamaños tengan mayor flujo de caja, mejor acceso a las compras públicas e incentivos para formalizarse, así, de alguna manera, contribuimos con el proceso de reactivación económica. Estas son:
1. Promover la formalización empresarial: Colombia ya antes de la pandemia tenía altísima informalidad y para agravar las cosas la pandemia llevó a que muchas empresas, especialmente micro y pequeñas, continuaron su actividad comercial pero de manera no formal.
El proyecto propone modificar el régimen simple de tributación de manera que dentro de un solo proceso las Mipymes puedan pagar todos sus impuestos y también los aportes en seguridad social de sus trabajadores y descontarse el 25% del pago en salud sobre el valor del impuesto a pagar. Un beneficio para las empresas inscritas y un incentivo para que más se formalicen.
2. Facilitar el acceso a las compras públicas: Hoy inscribirse y mantenerse actualizado en el Registro Único de Proponentes -RUP- es muy oneroso, en especial para las empresas más pequeñas. Por eso el proyecto propone que haya tarifas diferenciadas por tamaño de empresa que corrija el hecho que para los micronegocios el registro puede ser cinco o seis veces más costoso de lo que normalmente pagan en las Cámaras de Comercio por otros trámites.
Este proyecto propone que los costos del RUP sean diferenciados según el tamaño empresarial; así se reduce aproximadamente 70% del costo para las empresas pequeñas y 45% para las medianas. También se plantea un descuento de 30% en la renovación de matrícula para las empresas que inicien contratación con el Estado en dos ocasiones y 15% adicional para quienes al siguiente año vuelvan a contratar al menos dos veces.
3. Ampliar el plazo del pago del IVA: el proyecto propone separar los momentos de declaración y pago del IVA de tal forma que una empresa pueda declarar a la Dian lo que debe pagar, pero tenga un tiempo suficiente para obtener el dinero necesario para cumplir con su obligación. Esta medida busca que las empresas no tengan que pagar el IVA antes de haber recibido el pago por parte de sus clientes, como muchas veces sucede. Así tendrán mayor liquidez y flujo de caja.
Este proyecto de ley es el resultado de un ejercicio de recoger algunas de las necesidades que aquejan a los empresarios y comerciantes del país.
Esperamos encontrarnos con un ambiente receptivo en el Congreso para que sea aprobado y entre en vigencia prontamente pues es mucho el alivio que requieren nuestras empresas para salir de esta crisis.
