¿Temerle a Escazú?

Recientemente los principales gremios económicos y representantes del sector privado se opusieron tajantemente a la solicitud de ratificación del Acuerdo de Escazú (promovido por la Cepal desde 2018) que el Gobierno Nacional aceptó apoyar tras las conversaciones ciudadanas, parcialmente derivadas del paro nacional que pronto cumplirá un año. Independientemente de las razones esgrimidas y ancladas en la percepción de riesgos jurídicos derivados de la aplicación del acuerdo, quedó un sabor amargo en los representantes de sociedad civil y académica que también participaron, pues la expectativa de consolidar un instrumento internacional que promueve mayor transparencia en las decisiones ambientales, acceso a la información y la protección a los líderes sociales, víctimas continuas de la violencia, son aspectos de la mayor relevancia en las circunstancias actuales.

Es poco probable que el Acuerdo se ratifique, pues ninguna de las naciones que lo promovió, empezando por Chile, se ha mostrado dispuesta, especialmente porque el péndulo de los gobiernos ha cambiado sustancialmente haciendo que el propósito inicial de construir “un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza” (Antonio Guterres) sea visto ahora con profunda desconfianza.

Independientemente de la discusión del acuerdo en sí, hay que evaluar el argumento de quienes sugieren que es una exposición innecesaria ante la comunidad internacional, pues para esos temas “ya existen garantías en las legislaciones nacionales”. Rabo de paja, pues es evidente que ningún Estado está logrando lo que solidariamente se busca fortalecer en el concierto internacional: nadie parece dispuesto a que le esculquen a fondo el fracaso rotundo de sus políticas ambientales.

El Convenio de Diversidad Biológica, por ejemplo, cumplirá 30 años en 2022 con la adopción de nueva perspectiva de cumplimiento de sus metas, ya que no ha logrado avanzar sustancialmente en ninguna de ellas hasta el presente. El informe del Planeta Vivo 2020, del WWF, da cuenta clara del exitoso proceso de suicidio de la humanidad por inacción, mientras en Colombia Camilo Correa y sus colaboradores muestran en un mapa la huella espacial humana acumulada que ciertamente marca el camino al colapso. Mapa que, por otra parte, es el resultado de la fructífera cooperación que por años se ha desarrollado entre Ecopetrol y el Instituto Humboldt…

La no ratificación de Escazú será bandera en nuevas movilizaciones sociales, por lo cual el tema de la construcción de confianza entre gremios y sociedad civil toma un cariz cada vez más prioritario. Como lo menciona Alicia Bárcena, “asegurando la participación del público en todas las decisiones que lo afectan y estableciendo una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, nuestros países refutan la falsa dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías”. No hay duda de que la lentitud en las reformas a los modelos de desarrollo convencional propiciará muchas sorpresas, al estilo de la pandemia. Pero tal vez no haya UCI planetaria que valga para ellas.