La transformación digital no puede seguir improvisándose

En Colombia se habla mucho de transformación digital en la educación superior, pero se gobierna poco. El discurso avanza, la política pública no. Y esa brecha empieza a pasar factura porque las Instituciones de Educación Superior (IES) se ven forzadas a innovar con reglas viejas, docentes exigidos sin respaldo estructural y estudiantes enfrentados a un sistema que promete futuro, pero opera con lógicas del pasado. La transformación digital no es subir contenidos a plataformas ni multiplicar herramientas tecnológicas. Es un cambio estructural que toca el corazón del sistema: los modelos pedagógicos, la evaluación de la calidad, la financiación, la gobernanza y la autonomía universitaria.

Sin embargo, el Estado sigue tratándola como un asunto técnico y no como una reforma de política pública.

Hoy se exige innovación, pero se regula con rigidez. Se habla de flexibilidad, pero se evalúa con criterios pensados para programas presenciales tradicionales. Se promueve la virtualidad, pero se financia como si todas las instituciones tuvieran las mismas capacidades tecnológicas, el mismo músculo financiero y las mismas condiciones territoriales. El resultado es un sistema tensionado, desigual y, en muchos casos, contradictorio.

La transformación digital obliga a repensar qué significa aprender en el siglo XXI. No se trata solo de contenidos, sino de resultados de aprendizaje, trayectorias formativas flexibles, articulación entre niveles, modalidades híbridas y reconocimiento de aprendizajes previos. Nada de esto encaja bien en una política pública diseñada para controlar procesos, no para habilitar transformaciones. A esta tensión se suma un problema de fondo: la desconfianza del Estado hacia las IES. En lugar de fortalecer la autonomía responsable, la política pública ha optado por más regulación, más trámites y más inestabilidad normativa. Así, la innovación se vuelve un riesgo y no una oportunidad.

El caso de los docentes es aún más revelador. No hay transformación digital sin profesores formados, acompañados y reconocidos. Pero el sistema sigue evaluando su calidad con indicadores que no reflejan el trabajo pedagógico real en entornos digitales, ni el esfuerzo que implica diseñar experiencias de aprendizaje mediadas por tecnología o inteligencia artificial. Y, como siempre, la desigualdad amplifica el problema. Las instituciones con vocación social y presencia territorial innovan a pesar de la precariedad financiera, mientras el modelo de financiación pública sigue siendo insuficiente, inequitativo y poco estratégico. Sin una reforma de fondo, la transformación digital corre el riesgo de convertirse en otro factor de exclusión.

Colombia necesita una nueva política pública de educación superior que deje de improvisar. Una política que entienda la transformación digital como eje estructural; que articule niveles, modalidades y resultados de aprendizaje; que respete la autonomía universitaria; que invierta en capacidades humanas antes que en discursos; y que conecte la educación con el desarrollo social y productivo del país.

La pregunta ya no es si la educación superior debe transformarse. Eso ya está ocurriendo. La verdadera pregunta es si el Estado seguirá llegando tarde, o si asumirá, por fin, la responsabilidad de gobernar el cambio. Porque en educación, improvisar siempre sale caro. Y esta vez, el costo lo paga Colombia.