Menos es más

También en asuntos de gestión ambiental las ventajas aparentes de ciertas economías de escala afectan de manera negativa la calidad de los resultados, al proveer soluciones mediocres que simulan ser costo-efectivas y luego demuestran su verdadera ineficiencia. En general, el manejo agropecuario sufre de este mal al pretender que extendiendo más el área de cultivo o producción se obtendrán mayores rendimientos, lo cual es, en bruto, proporcionalmente correcto si no se consideran los efectos colaterales de la actividad. El uso extremadamente ineficiente de agroquímicos o del agua en el riego, por ejemplo, son dos de los factores que generan más riesgo de desabastecimiento, no solo a los productores sino a todos los sectores que ven con desazón cómo se dilapida un recurso escaso en malas prácticas.

Estudios recientes han demostrado que menos es más en casi todas las prácticas de producción ganadera, palmera, arrocera, cañera, cebollera, bananera, incluso en la forestal y cafetera: la búsqueda de calidad en los procesos siempre genera menos impacto ambiental y comida más sana, pues capitaliza y racionaliza el uso de los servicios de los ecosistemas. Un ordenamiento territorial sensato que partiese de un manejo del suelo “miti-miti” entre ecosistemas silvestres y transformados sería lo más deseable, considerando con cuidado las escalas de los procesos ecológicos involucrados: no es lo mismo el paisaje hortifrutícola de Boyacá que el de los cañaduzales del Valle del Cauca, pero ambos dependen de la provisión de servicios mediados por una biodiversidad que cada vez se deteriora más.

Una agricultura eficiente, de precisión, con ordenamiento predial y manejo cuidadoso del suelo, el agua y la biodiversidad, representa la mejor opción de desarrollo sostenible y está al alcance de la mano si realmente se busca modernizar un sector productivo que insiste en expandir la frontera como método de incorporar tierras sin infraestructura o claramente marginales. El uso especulativo del territorio sigue siendo la principal razón para no dar este paso, pues no se entiende cómo es que se siguen subsidiando precios a productores que insisten en trasladar costos privados y exportar los daños ambientales a todos los colombianos.

La agricultura ineficiente ha sido fuente de corrupción tradicional en el país y el daño causado a los bienes comunes aún está lejos de cuantificarse: la erosión andina, por ejemplo, que reduce la productividad, genera riesgos de deslizamientos crecientes, colmata las ciénagas y los ríos Cauca y Magdalena, y destruye la navegabilidad y la infraestructura, una deuda indirecta de un sector que apenas da señas de comenzar a entender.

La filosofía de construir vías “para sacar los productos” es otra parte delicada de la ecuación, por cuanto mover un racimo de plátanos desde la frontera agropecuaria a cualquier mercado representa un costo inaceptable para un modelo de desarrollo rural impulsado desde el populismo, las economías del narcotráfico, la minería ilegal o el chantaje a unas economías de enclave mal reguladas. En síntesis, incluso para un análisis somero desde las ciencias ambientales, una suma de perversiones de política que realmente ameritan una perspectiva muy diferente para transformar todas las formas de extractivismo en actividades competitivas.

Lo curioso de la sostenibilidad es que requiere más calidad, trazabilidad y responsabilidad que inversiones de capital. Por ello la gestión del conocimiento agroambiental es la mejor aliada de la competitividad agropecuaria en Colombia.