Colombia es un país de ficciones territoriales: cada quien tiene en su mente un mapa particular, forjado en un soliloquio de intereses que llevan constantemente a la imposición de vías de hecho para gobernarlo. Del bloqueo de una carretera o una vía urbana para reclamar atención, pasando por el irrespeto al espacio público de las iglesias de barrio o los constructores avivatos, no es difícil llegar al mismo conflicto armado que disputa rutas para la cocaína o acumula hectáreas para ganaderías especulativas y otros negocios, a menudo también ficticios.
Una de las pruebas de que los colombianos no habitamos nuestro territorio, en el sentido pleno de la palabra, proviene de los conflictos de uso del suelo que se han venido acumulando por décadas ante las deficiencias de información adecuada y la visión regulatoria abstracta del Estado. Colombia tiene reservas forestales, parques nacionales y regionales, resguardos indígenas y territorios colectivos, reservas mineras, y tendrá páramos y humedales delimitados, todo ello como resultado de decisiones de ordenamiento llenas de buena voluntad y sesudos marcos conceptuales.
Pero 44 municipios de la cuenca alta del río Bogotá naufragan en las contradicciones creadas por 35 años de ignorar la reserva forestal definida para defender la captación de agua en la región, innumerables áreas de parques nacionales que deberían operar bajo categorías de conservación absoluta están llenos de gente a quien ni compensan ni permiten trabajar, y ahora tendremos miles de habitantes de la alta montaña cuyas actividades agropecuarias y modos de vida quedarían severamente restringidas por las buenas intenciones de defender los páramos en la Ley del Plan de Desarrollo. Pareciera que toda buena acción (ambiental) tiene su justo castigo…
Para colmo, el decreto 3600 de 2006, reglamentario del ordenamiento territorial municipal, exige la definición de una “estructura ecológica” en todo municipio, pero no da ninguna indicación de cómo lograrlo, o qué significa siquiera. Y las autoridades ambientales están obligadas por innumerables normas a contratar y aplicar “planes de manejo” a diestra y siniestra, de ordenamiento de cuencas, de bosques, de especies amenazadas o invasoras, de incendios, y así. Planes quiméricos que se ajustan y modernizan mediante costosas consultorías y nunca se llevan a la práctica, aunque a estas alturas constituyen un renglón productivo en si mismos.
La inefable tradición nacional de creer que la norma crea el comportamiento y compone la gobernabilidad hace agua en muchas dimensiones, pero en lo ambiental, es crítica, ya que los ecosistemas existen en el territorio, y las personas, comunidades, empresas, poblados e infraestructura los transforman así no haya nadie viendo. Un territorio cuya naturaleza no se puede ocultar con discursos ante el advenimiento de imágenes de satélite cada vez de mejor resolución y más baratas: la huella ecológica es totalmente visible, y la deuda acumulada, evidente.
La gobernanza efectiva del territorio se basa en el reconocimiento de su variabilidad, en información de buena calidad, tanto física como biológica y cultural, y en un “manual de instrucciones” que defina sus alcances y que, por tanto, es un proceso adaptativo que requiere espacio para ser ajustado mediante aprendizajes programados e instituciones flexibles, algo que no existe ni de cerca entre nosotros, siempre sedientos de leyes taxativas para reforzar el carácter imaginario del país.
A la larga, es cierto que todo territorio es ficcional, pero también, que hay unas ficciones que causan más muertos que otras.
