Analistas

Desafíos comunitarios

Fue presentado en días pasados el libro “Gestión ambiental territorial”, resultado de un convenio entre la CAR y la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana. Dirigido a la sistematización de lecturas locales de la situación “socioambiental” en Cundinamarca, el profesor Manuel Pérez y su equipo hacen, a partir de ella, una interpretación del papel de la sociedad civil rural dentro de la institucionalidad formal. Al escuchar y organizar los testimonios de centenares de representantes de organizaciones comunitarias con toda la subjetividad que cada uno implica, buscan establecer lazos con las condiciones objetivas de sus ecosistemas y se arriesgan a construir una visión de los fundamentos de la acción política campesina a mayor escala, tema fundamental para entender conflictos actuales de la ruralidad y proyectar las reformas requeridas, en gran medida correspondientes con el primer componente del acuerdo de La Habana.

La interpretación de la situación ambiental del departamento, hecha para contextualizar la acción de los centenares de organizaciones locales inventariadas que protegen o restauran los bosques, luchan por descontaminar quebradas o por producir comida más limpia, incluye comunidades que enfrentan proyectos de infraestructura o minería que consideran inconvenientes. Y si bien persiste en los autores una propuesta de búsqueda del “equilibrio de los ecosistemas en el departamento”, un concepto difícil de digerir, su visión de la degradación ambiental se basa en la convergencia de procesos de transformación física del territorio o sus elementos con procesos sociales y demográficos, y reconoce en la expansión de la demanda urbana de Bogotá un factor determinante. 

Apuesta el trabajo por entender la participación como “procesos de resolución de conflictos ambientales” escalables mediante una propuesta de “sistematización participativa”, que nos acercaría cada vez más a la “construcción compartida de conocimientos”, el paso que no hemos sabido dar en el país de la multiculturalidad: combinar las visiones locales para construir una nueva concepción de nación. Faltan, por supuesto, muchos otros actores que tienen voces legítimas en los acuerdos sobre el territorio, pero el libro da voz a quienes poco acceso al diálogo equitativo han tenido.

La profusa presentación de iniciativas comunitarias de gestión ambiental, que se hace sin prejuicios, demuestra a la vez la creatividad en las respuestas de la gente ante la crisis, la diversidad de propuestas, la fe y la esperanza en un desarrollo que signifique bienestar, pero también apego a soluciones de cartilla, a la adopción acrítica de discursos prestados y a la urgencia de establecer vínculos con la institucionalidad formal, con los riesgos de cooptación politiquera que opera con tanta facilidad en un país donde campa la inequidad. Sorprende en las recomendaciones de la gente para sobreponerse a las limitaciones que encuentra su participación efectiva en la gestión ambiental del territorio, que no se concentren en la disponibilidad de recursos financieros, sino en el fortalecimiento de capacidades. La identificación que hacen las personas de sí mismas como el mejor instrumento de gestión ambiental es crítica, en ello se entiende su resistencia a mayores desplazamientos, su propuesta de desarrollo rural sostenible. 

Se infiere como conclusión que la gente reclama consistencia y persistencia en las intervenciones acordadas en el territorio, y ubica en el Estado el mayor obstáculo para ello, pese a sus buenas intenciones: las personas gastan buena parte de sus vidas tratando de recuperar el sentido integral de la vida y en acomodar sus búsquedas en un modelo que las desgarra, junto con el tejido social. Es la gran esquizofrenia de una planeación sectorial autista y de un sistema de gobierno que con sus múltiples fachadas de autoridad no reconoce la diversidad, como demuestra el gran desastre de los procesos de ordenamiento territorial expresados en los POT.

La mayor esperanza de construir una cultura de la sostenibilidad está en movimientos sociales capaces de asumir, en paz, el gobierno de los territorios rurales en nombre de todos los colombianos, que dependen del buen manejo de sus servicios ecosistémicos. Entender lo que significa esta delegación implica una institucionalidad ambiental muy distinta a la que tenemos hoy. Pueda ser que la CAR no se arrepienta de haber propiciado este estudio.