Justicia SOS

Para acabar con la polarización en el país es necesario despolitizar la justicia. La división del Sí y del No, logró lo que narcos y guerrilleros nunca pudieron alcanzar: acabar con la credibilidad de nuestras instituciones judiciales. Es prioritario que el Presidente Duque fije como misión y visión de su gobierno la transformación de la justicia.

Un ‘Plan Colombia para la Justicia’.

Colombia no va poder crecer económicamente y ser un país competitivo, si no garantiza seguridad jurídica y credibilidad en sus fallos judiciales. No se trata solo de la tan anhelada reforma a la justicia o acabar con el ‘yo te elijo tu me eliges’, sino lograr una verdadera profesionalización de nuestra rama judicial para que la gente vuelva a tener confianza y respeto por nuestros funcionarios judiciales. Es un aspecto sine qua non de nuestro contrato social y debería importarnos a todos por igual, sin distingo de raza, género, clase social, color político o creencia religiosa.

Cuando en el año 2000, el entonces candidato George Bush le ganó la Presidencia de los Estados Unidos al vicepresidente a Al Gore en una de las elecciones mas reñidas de la historia y se pidió un reconteo en la Florida y la Corte Suprema de Justicia de ese país avaló el resultado, nadie salió a las calles a protestar, ni se plantó en Washington para pedir la renuncia. Aceptaron la decisión y siguieron adelante.

La misma justicia que no autorizó la extradición de Santrich y permitió que se fugara, no puede ser la que condene a los militares por los falsos positivos.

La que sin vergüenza dejó vencer los términos en el caso del Cartel de la Toga, es la misma que cita a Uribe a indagatoria porque sus principales detractores le cuentan los días en Twitter.

La que no se atrevió a abrir indagación a Petro a pesar de los videos que aparecieron recibiendo dinero en efectivo de parte de un contratista del Estado, es la que condena a Arias a 17 años por enriquecimiento ilícito.

La que no aceptó las pruebas del computador de Reyes en contra de Piedad Córdoba por sus vínculos con las Farc, es la que condena a decenas de congresistas por parapolítica.

La que metió preso a los ministros por la ‘Yidispolítica’, es la misma que aprobó el acuerdo de paz a cambio de mermelada.

La que defiende la paz sin reparo alguno y justifica que guerrilleros, secuestradores, terroristas y violadores de niñas no deban pagar un día de cárcel por los delitos que cometieron durante el conflicto, consideran que Uribe es el dilema moral del país y jura no descansar hasta ver su cabeza en la vitrina de trofeos.

Si quieren respeto, tienen que hacer un acto de constricción y empezar a entender que -si en verdad queremos paz, justicia y reparación- se necesita una justicia más objetiva, balanceada y equitativa, que acepte diferencias ideológicas y no esté cargada para un solo lado.

Necesitamos una justicia que no filtre información, proteja la reserva del sumario, defienda la presunción de inocencia, no ordene chuzadas por ‘error’ e indistintamente de su posición ideológica, logre emitir fallos ponderados en derecho, basados en los hechos y cumpliendo con el debido proceso. No basada en suposiciones, columnas de opinión sesgadas, o caserías de brujas sin fundamento.

Es indispensable invertir en la formación de nuestros juristas, para dignificar la profesión de la Rama Judicial. Inculcar verdadera vocación de servicio público y crear incentivos morales, como en algún momento se logró con nuestros soldados y policías. Confrontarlos con aspectos éticos y filosóficos que los ayude a ir más allá de la coyuntura política actual. Capacitarlos en investigación judicial, pericias técnicas, uso de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, algoritmos predictivos y métricas de resultados para ser más eficientes y exactos en el momento de dar un veredicto final. Ante todo, desarrollar verdaderos humanistas con criterio y capacidad para interpretar y explicar las leyes, dirimir conflictos y resolver nuestras diferencias en un entorno cada vez más complejo.