Cuando parecía que el espectáculo en la gran carpa estaba por terminar, llegaron los payasos -Pernito y Tuerquita- pretendiendo declararse como víctimas en el proceso contra del expresidente Uribe. No sólo es un acto cantinflesco de oportunismo político, sino un hecho bochornoso que raya con lo penal. Sería jocoso, si no se tratará de dos personajes que por cuatro años estuvieron al frente del ente acusador y representaron a la justicia en Colombia. Está claro que quienes lideran esta estrategia para sacar a Uribe del ruedo, seguirán aplicando todas las formas de lucha y no escatimarán recursos para alcanzarlo.

Por cuatro años este par estuvieron al frente de la Fiscalía recibiendo millonarios sueldos del Estado sin hacer nada sustancial. Se dedicaron a proteger a Palacino y a las Farc, posando de juristas y defensores de la paz. A pesar de no haber liderado ninguna investigación seria en temas de corrupción, terrorismo, crimen organizado, delitos atroces y muchos otros fenómenos delincuenciales que ahogan a nuestro país, ahora salen con la genialidad de acusar al expresidente de genocida. Dicen tener pruebas de los vínculos del expresidente con grupos paramilitares y de su participación en las masacres de la Granja y el Aro, siguiendo el libreto de un plan maestro para enterrar al único personaje que logró salvar a Colombia del precipicio moral. ¿Si sabían, porque no lo hicieron antes?

Acabaron con el presupuesto de la Fiscalía adecuando oficinas a las que nunca iban; contratando a ‘periodistas expertas en algoritmos’; montando universidades de garaje que nunca despegaron; y aumentando la burocracia del ente acusador con los amiguitos de su círculo rosa.

La pregunta que le haría a los dos juristas es: ¿en qué tipo penal se enmarca su conducta? Aplicando su metodología de análisis de contexto y los algoritmos de la Tocarruncho, diría que su conducta es conexa con el delito político y como tal no están llamados a responder. Por el contrario, deberíamos premiarlos con dos curules gratis adicionales, para que puedan acompañar a sus faros ideológicos de Cepeda, Petro y las Farc, en el verdadero circo romano.

Independientemente de cómo termine el proceso del expresidente Uribe, la justicia se debería hacer respetar. Nos rasgamos las vestiduras porque las investigaciones no avanzan, la impunidad es total y la carga de trabajo no permite la descongestión judicial. Pero permitimos que personajes como estos utilicen la rama judicial para zanjar sus diferencias ideológicas. La justicia colombiana tiene que entender que en vez de estar desperdiciando tiempo y presupuesto en persecuciones políticas inoficiosas, debe priorizarlo y aprovechar sus recursos en resolver los delitos que realmente aquejan a nuestra sociedad.

Señores jueces y magistrados: un país en paz es un país donde el imperio de la ley y la justicia están por encima de las rencillas políticas del momento. La justicia debe ser limpia, independiente, objetiva y al servicio de la gente que acude a ella para resolver sus conflictos. Su labor es impartir justicia y proteger la seguridad jurídica a través de sus fallos y jurisprudencia, devolviéndole a la gente confianza en las instituciones. De lo contrario terminaran como los payasos del circo.