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El 6 de febrero el Gobierno Nacional radicó el Proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo. En el artículo 179 se excluye al estrato 3 del beneficio del subsidio en la tarifa de la energía, debiendo pagar tarifa plena y se reduce para los estratos 1 y 2 del 60% al 50% y del 50% al 40%, respectivamente. Los más afectados serían los usuarios de Electricaribe, habida cuenta de que 80% de ellos corresponde a los estratos 1, 2 y 3 y, de contera esta medida agravaría los problemas de cartera que comprometen su estabilidad financiera.
Dicho sea de paso, Electricaribe sigue sin reintegrar $216.000 millones, aproximadamente, de los subsidios que, según la Contraloría General de la República, le fueron girados por el Ministerio de Hacienda y nunca se aplicaron a sus destinatarios, que son los usuarios de más escasos recursos. Cada día que pasa sin que se le transfieran esos recursos a sus beneficiarios se les están conculcando sus derechos a estos.
Esta medida estaba cantada desde el trámite de la reforma tributaria que disfrazaron de Ley de Financiamiento, que terminó siendo una Ley de desfinanciamiento, por cuenta de las nuevas gabelas impositivas decretadas en favor de las empresas. Este es el segundo coletazo de la Ley de financiamiento, después del anuncio por parte del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de la venta de otro 8,5% de las acciones de la Nación en Ecopetrol para intentar sortear las aulagas fiscales que lo atormentan y exasperan.
El ministro Carrasquilla ya había puesto la pica en Flandes, al declarar que “Colombia tiene una política en materia de subsidios diseñada para un país que no tiene los niveles de ingresos y estándares de calidad de vida que tiene Colombia hoy en día” y que por lo tanto había llegado la hora de revisarlos. No obstante, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, le salió al paso dándole un parte de tranquilidad a los usuarios. Les dijo a ellos que deberían estar “absolutamente tranquilos, hoy en día tienen subsidios eléctricos los estratos 3, 2 y 1 y esos subsidios se van a mantener” y enfatizó que “es un compromiso del gobierno del presidente Iván Duque”.
Siempre se dijo por parte del ministro Carrasquilla que si no se alcanzaban a recaudar los $14 billones a los que aspiraba con dicha Ley el afectado sería el gasto y la inversión social y se manifestó reiteradamente la intención de desmontar los subsidios a los servicios públicos, empezando por el de energía. Y, como es bien sabido, después de la peluqueada de la propuesta original del ministro Carrasquilla, con el texto aprobado a duras penas se espera recaudar por esta vía $7,3 billones. Dicho y hecho, con el desmonte del subsidio en la tarifa de energía que se propone se estaría dando el primer paso en esa dirección.
Se trata de Robin Hood al revés, se sacrifica a la clase media, quitándole el subsidio en la tarifa de energía, lo que se traducirá en un alza en la tarifa del 17%, aproximadamente, para compensar los ingresos que se dejarán de recaudar por parte de la Nación a consecuencia de las exenciones tributarias que se le dispensaron en la reforma de marras a las empresas y a los empresarios.
Esta propuesta va a contrapelo del “Pacto por la equidad” que se plantea como eje fundamental del Plan de Desarrollo 2018-2022 y de la Constituyente de 1991, que quiso hacer de “los subsidios instrumentos para alcanzar los objetivos de equidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios”. La misma que, además, estableció como premisa fundamental de los subsidios “dar prioridad a las obligaciones sociales del Estado en la Planeación y en el presupuesto”.
Extrañamente el subdirector del DNP salió a los medios a decir que “el estrato 3 no se toca en ese artículo”, pero como no se puede tapar el sol con las manos, a pocas horas de haber negado la eliminación del subsidio para el estrato 3 y su reducción a los estratos 1 y 2 dio la voltereta. Se retractó anunciando que esta medida iría acompasada con otras estrategias dizque encaminadas “a aliviar el consumo de energía por parte de los hogares colombianos”.
Y, para tender una cortina de humo y así tratar de ocultar el exabrupto sostuvo: “tenemos que tener también programas, para ayudarle a los hogares colombianos a que reduzcan sus facturas y así consuman menos energía” y así “se puede reducir hasta en 30% la factura de los hogares”. Señor Subdirector, ese programa ya existe y viene del gobierno anterior, el cual se fundamenta en la Ley 1715 de 2014 que, además de promover las fuentes no convencionales de energía renovable, dota al Gobierno de una caja de herramientas para propiciar el uso racional y eficiente de la energía.
Lo más antipático es que a la hora de los sacrificios, estos siempre recaigan sobre los más vulnerables y sobre la clase media, que fue la que llevó la peor parte en la reciente reforma tributaria.
