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Los procesos de contratación de las obras de la empresa para mejorar el servicio serán por más de $800.000 millones.
Con la presencia de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, se llevó a cabo la instalación de la junta consultiva que estará acompañando al Agente Interventor en los procesos de contratación de las obras que por más $800.000 millones piensa realizar Electricaribe para mejor el servicio en la Costa Atlántica.
“El Gobierno Nacional ha estado interesado en solucionar el problema de energía en la región Caribe. Durante el 2019 se van a realizar inversiones importantes y adicional a eso se van a gestionar la compañía desde el punto de vista de servicio al cliente, las inversiones, control de pérdidas, las estrategias comerciales, el cobro y para tal el gobierno ha considerado que es muy importante que haya una junta que acompañe este proceso para asegurar la transparencia en el uso de los recursos que se están invirtiendo en esta compañía”, sostuvo la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.
Indicó que la junta va a acompañar al agente interventor, que está a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a todo el proceso de gestión durante todo el 2019. “Viene el proceso de la búsqueda de un nuevo operador, pero mientras tanto, el Agente Interventor y la Superintendencia de Servicios Públicos están haciendo la gestión de la compañía, que incluye unas inversiones muy cuantiosas y que adicional a eso, requiere toda la gestión operativa y comercial de una compañía de distribución y comercialización de energía. Y como en cualquier gobierno corporativo, hemos pedido acompañamiento de independientes expertos en el sector, en la costa Caribe y expertos en los temas financieros que velen por la transparencia y le eficacia de estos recursos”.
La encargada de dar a conocer a los miembros de la Junta Consultiva, fue la Agente Especial Natasha Avendaño, quien corroboró que desde el Gobierno Nacional se ha optado por un esquema de gobierno corporativo para Electricaribe con enfunde garantizar las inversiones de $125.000 y $735.000 millones en dos Conpes. “Esos miembros lo que van a hacer es apoyar al Agente Especial, a la gerencia y a las gerencias técnicas en la verificación de que esas inversiones se hayan priorizado y estén priorizando de acuerdo a las necesidades y el impacto del servicio en la Costa; que los procesos de contratación sean transparentes, que haya convocatorias abiertas y la priorización del servicio, para que sea permanente”.
Indicó que en la reunión de este martes estuvieron presentes tres de los cinco miembros de la Junta Consultiva, entre ellos el abogado Arnaldo Mendoza, el ingeniero Carlos Quintero y el ingeniero Carlos Diago. “ Ellos todos tiene altos niveles de experiencia en cargos gerenciales, a lo largo de su vida. Algunos conocen más del sector energético que otros, pero además son personas totalmente íntegras, que tienen alto conocimiento en sus áreas particulares de derechos y finanzas”
Otros de los miembros son Álvaro Jaramillo, quien por estar en una intervención quirúrgica, no estuvo presente, y el ingeniero Alfredo Solano. “Es una junta que ha sido conformada, luego de una gestión de conseguir los mejores candidatos, para garantizar que sean los mejores ojos de todos, en todo este proceso el Gobierno Nacional y que con la ayuda de ellos, el Agente Especial pueda sacar adelante a la empresa con todas esas inversiones “.
Agregó que la idea de tener el acompañamiento de la Ministra de Energía “es para que con la instalación de esta Junta Consultiva se garantice la llegada de los recursos para las contrataciones, abrir las convocatorias, abrir los procesos, empezar la compra de materiales, la contratación de la mano de obra. Podemos decir que con este ejercicio ya estamos arrancando las inversiones que se necesitan en Electricaribe para mejorar el servicio en la región”.
Terminó siendo que el el Plan de Inversiones de Electricaribe ya está hecho “lo que estamos haciendo es hacerlo más transparente para que los recursos de los los Conpes dos y tres, por $125.000 millones y $735.000 millones, respectivamente, se hagan de una manera adecuada y efectiva y sobre todo transparente”.
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