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Analistas 10/04/2021

El gobierno no puede con todo...

Alfonso Aza Jácome
Profesor de Inalde Business School

El 25 de enero de 1999, el terremoto de Armenia destruyó más de 100.000 edificaciones de 28 municipios en el eje cafetero, dejó a su paso 1.185 víctimas mortales y despojó a más de 550.000 personas de sus hogares. El impacto del desastre, cuyo costo económico aproximado fue equivalente a 2,2% del PIB de ese año, fue aun más grave al producirse en medio de un terrible periodo de recesión económica. Las autoridades del momento, con la experiencia de Armero y Popayán, y conscientes de que los canales gubernamentales tradicionales serían demasiado lentos e ineficaces, hicieron una novedosa y audaz propuesta para movilizar a las organizaciones de la sociedad civil y ponerlas a cargo de los esfuerzos de reconstrucción de las zonas devastadas.

El Gobierno seleccionó 28 ONG responsables de gestionar la reconstrucción, mientras que el papel de las entidades del Estado quedó limitado a proporcionar la supervisión del proceso y a asignar los recursos del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec). Además, con la intención de recalcar el compromiso de realizar una intervención burocrática mínima, el 25 de julio de 2002, exactamente tres años y medio después del terremoto, el Gobierno disolvió oficialmente el Forec, declarando que su misión ya había sido cumplida.

La reconstrucción de Armenia es un buen ejemplo para ilustrar que la sociedad civil colombiana está bien organizada y es un actor clave cuando se trata de diseñar y ejecutar intervenciones cuyo objetivo consiste en mejorar las condiciones sociales.

Desde hace muchos años tenemos un tercer sector fuerte y sofisticado con una multiplicidad de organizaciones sociales, que van desde grandes fundaciones que otorgan subvenciones hasta organizaciones comunitarias de base que trabajan en un amplio espectro de temas sociales, ambientales o económicos. Según algunos cálculos existen en nuestro país más de 300.000 entidades registradas. De acuerdo con esos mismos cálculos, somos el segundo país del mundo con la mayor cantidad de organizaciones filantrópicas y de la sociedad civil per cápita. En realidad, todas estas organizaciones se han ido configurando como un conglomerado de entidades heterogéneas y complejas. Además, se han desarrollado durante todos estos años superando situaciones de crisis económica, narcotráfico, conflicto, desastres naturales y ahora pandemia, demostrando su resiliencia y dedicación a su misión.

Hoy Colombia afronta grandes desafíos debido a las abrumadoras necesidades que han surgido inesperadamente en los últimos meses: por una parte, la covid-19 y la consiguiente recesión global golpean con fuerza el empleo produciendo el empobrecimiento de millones de colombianos; por otra parte, la llegada masiva de más de un millón de migrantes venezolanos, convierten el escenario del posconflicto colombiano en una especie de “terremoto social” sin precedentes.

Por este motivo, las organizaciones de la sociedad civil colombiana vuelven a ser las llamadas a desempeñar un papel fundamental, ayudando a cerrar las brechas y solventar las inequidades que padecemos en este momento. Para alcanzar ese propósito, es preciso que de nuevo el Gobierno establezca con creatividad los incentivos necesarios para estimular la solución de estos problemas por parte de la sociedad civil porque el gobierno no puede con todo…