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El articulo seminal de Kydland & Prescott (1977) trajo a la política económica el debate de reglas versus discreción. Se decía que el público observa a los diseñadores de política pública y forma expectativas basados en lo que dicen y ejecutan. Ante esto, “atar las manos” de estos diseñadores con reglas podría generar un mejor resultado de bienestar que el de aquellos que cuentan con la discreción para decir una cosa y hacer otra.
No obstante, aquellos a favor de la discreción mencionaban su eficacia en épocas de crisis e, incluso, más recientemente, The Economist analizaba que muchas autoridades usaban en determinados periodos reglas y, en otros, discreción.
En Colombia hemos usado las reglas con relativo éxito. En materia monetaria, la independencia del Banco Central, garantizada en la Constitución de 1991, y el posterior esquema de inflación objetivo, que fija metas plurianuales de inflación, son un ejemplo de buen funcionamiento de las reglas para, junto con la reputación antiinflacionaria del Emisor, lograr inflaciones bajas y estables, e incluso poder regresar a la meta de 3% luego de amplias desviaciones como la actual.
En el caso fiscal, la institucionalidad (las reglas) también tiene amplia historia. Ante el desorden de las finanzas territoriales, las autoridades de finales de los noventa emitieron normativa para restringir sus niveles de endeudamiento y gasto corriente (ley 358 de 1997 o de “semáforos” y la ley 617 de 2000). Posteriormente, en la primera década de este siglo se publicó la Ley de Responsabilidad Fiscal (819 de 2003) que creó instrumentos como el Marco Fiscal de Mediano Plazo para darle transparencia a las finanzas del Gobierno Central. Esto fue culminado con la Ley 1473 de 2011 que creó la regla fiscal, limitando los niveles de déficit gubernamental en que se podía incurrir cada año, más allá del ciclo económico y el precio del petróleo.
Y esta institucionalidad rindió sus frutos. En el caso nacional, se logró terminar el acuerdo con el FMI de principios de siglo y luego, con ayuda de los altos precios del petróleo, tener incluso años de equilibrio fiscal primario (sin gastos de intereses), finalizando en 2011 con la recuperación del grado de inversión. La posterior caída en los precios del petróleo en 2014 y el necesario apoyo contracíclico nos llevó a años de mayor déficit, que luego fueron más profundos con la llegada del covid que obligó a elevar el gasto público e hizo necesario el uso de las cláusulas de escape que tenía la regla fiscal.
La pospandemia llegó con una nueva regla y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) para fortalecer esta institucionalidad. Y en este fortalecimiento es necesaria la transparencia. La teoría de reglas fiscales menciona a la contabilidad creativa como el enemigo que acecha. Por ello, se debe evitar a toda costa perforar la regla con cualquier tipo de excepcionalidad. No funcionó en el pasado y no va a funcionar ahora, pero si va a reducir la credibilidad fiscal.
Más bien debe traerse al debate si son necesarios mayores ingresos tributarios (donde hay cada vez menos espacio) o si para limitar el gasto debemos priorizar lo contracíclico y la inversión, reducir la inflexibilidad y minimizar determinados subsidios. Esa es la discusión que deberíamos estar dando si queremos fortalecer las finanzas públicas y recuperar en algunos años nuestro grado de inversión.
