miércoles, 27 de mayo de 2020

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La palabra asistencialismo produce escozor en algunos fragmentos del cerrado grupo de macroeconomistas, que desde su cumbre creen que el país puede esquematizarse en una página de Excel. La política social del Estado no puede depender de coyunturas como la que actualmente estamos viviendo por cuenta del Covid-19. Esta debe tener una condición permanente, como sucede en los Estados Unidos desde 1935, año en el que se aprobó la ley federal de Seguridad Social, para hacerle frente a los estragos que causó la depresión del 29.

El presidente Roosevelt entendió que era necesario priorizar las ayudas, partiendo de la base de que estas debían llegarle a la totalidad de quienes las necesitaran. Pensión para los mayores de 65 años, ayudas a las personas con discapacidad que tuvieran impedimento para trabajar y seguro de desempleo. El Estado no puede hacerse responsable de todo ni de todos; la plata no alcanza; pero sí tiene el deber de identificar los sectores más vulnerables para volcar hacia ellos los más ingentes esfuerzos, en orden a garantizar el bienestar de aquellos.

Para que los programas como el seguro del desempleo -que considero debe empezar a delinearse por el Congreso de la República- puedan tener vida propia, se hace necesario garantizar sus fuentes de ingresos. Hay que decirlo con todas sus letras: el Estado colombiano está “hiperburocratizado”. Los gastos en cuestiones inanes resultan absurdos.

Por esta razón, tenemos el deber de sentarnos -lápiz en mano- a rediseñar, tanto las plantas de personal como la pertinencia de muchas entidades, que bien podrían ser fusionadas para reducir los gastos de operación y mejorar la calidad de los servicios.

No se trata de una política de “tierra arrasada”, como normalmente reaccionan los socialistas cuando se plantean reorganizaciones en el sector público. Desde siempre, he creído que el Estado no puede ser el principal empleador de Colombia. La generación de puestos de trabajo le corresponde mayoritariamente a la iniciativa privada, mientras que la administración estatal debe concentrarse en generar las condiciones para que ello ocurra.

Con un flujo de caja amplio y constante, puede financiarse sin mayores dificultades la agenda social del país, pero no como si se tratara de un barril sin fondo. Entiendo que la pandemia ha paralizado todos los sectores de la economía y que el Estado sea visto como la tabla de salvación, en medio del agobiante maremágnum.

Claro que hay que tratar de evitar un colapso generalizado, pero aceptemos desde ya que muchas empresas no lograrán salvarse y que, cuando todo esto haya pasado, se verán forzadas a empezar de ceros. Los expertos ya tienen identificados los renglones con mayor dificultad. ¿Cómo ayudarlos a levantarse? Algunos plantean la asignación de subsidios. Yo, en cambio, insisto en que la solución debe ser estructural, partiendo de la obligación de otorgar créditos con tasas muy bajas y la reducción permanente de impuestos.

El Estado necesita caja, pero esta no se consigue con más cargas impositivas, sino con la reducción de los gastos de funcionamiento. El empleo, que corra por cuenta de los privados, y un porcentaje de los ingresos que perciba el Estado debe terminar en una cuenta específica para fondear los programas sociales con enfoque en los más necesitados. Así lo veo yo.