miércoles, 4 de marzo de 2020

Además de los incrementos de los presupuestos en temas educativos, se necesita revisar puntos como el salario de los educadores

Víctor Gómez Cusnir

A propósito de las movilizaciones estudiantiles, cuyos objetivos son la exigencia de una óptima financiación para el acceso a la educación superior, el rechazo a los actos de corrupción que se han presentado en las instituciones públicas y la defensa de la universidad pública y de calidad; el Ministerio Hacienda presentó el Presupuesto General de la Nación para 2020, que debate de las Comisiones Económicas y Presupuestales conjuntas del Congreso, fue aprobado. De acuerdo a lo anterior, el sector educativo continúa siendo el rubro presupuestal más alto del país, con $44,1 billones de pesos, lo que significa un incremento de 6,41% respecto al 2019 y un crecimiento real de 11% frente al 2018.

Los recursos destinados deberían ser invertidos en la ampliación de las coberturas, garantizando la calidad, eficiencia y equidad en la prestación de los fines educativos; además, del urgente incremento de la educación gratuita para el desarrollo social, siendo lo anterior, una prioridad necesaria para el gobierno, la sociedad y la familia. La formación es un derecho fundamental y un servicio público obligatorio.

La calidad de la educación que ofrece un país depende de la preparación y conocimiento de los maestros. No podemos descuidar la formación y capacitación de estos, porque de ellos depende el futuro de la nación. Es prioritario incrementar el rubro de inversión en los docentes, hasta llegar a los límites que la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) establece para los países desarrollados.

En países como Argentina, México, Venezuela y Uruguay, la educación es gratuita en todas las universidades públicas, además, de contar con la posibilidad de acceder a diversas becas para posgrados; Cuba, por ejemplo, es el único país de América Latina en donde el estado financia todos los materiales necesarios para la enseñanza; y Ecuador, que desde el 2010 implementó esta política pública, aumentando en casi 20.000 personas el número de estudiantes universitarios.

Respecto a los colegios, es necesario fortalecer el programa de nutrición, el cual genera beneficios en materia de salud y bienestar que se extienden más allá de las aulas, llegando a los hogares y comunidades. Incentivar este proyecto es clave y según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura); los niños deben disfrutar de los derechos humanos para la alimentación, mediante intervenciones complementarias como los almuerzos escolares y el suministro nutricional, para una dieta equilibrada y el desarrollo de prácticas más saludables.

También el deporte, que más que ser una actividad recreativa, ayuda a los niños y jóvenes a desarrollarse física y mentalmente, a mantenerse sanos, tener confianza en sí mismos y relacionarse mejor con los demás. Por esto es necesario contar con espacios dignos, zonas verdes en los desarrollos urbanos, parques iluminados y articulación con ligas deportivas locales, que se conviertan en alianzas provechosas.

Mientras se siga malgastando el dinero y los corruptos continúen estropeando los presupuestos de la universidad pública y, además, roben a través de los programas de alimentación escolar, en vez de procurar por el beneficio de los niños, seguiremos viendo marchas y un continuo deterioro de nuestro país. Quien asalte a la educación, está dañando a la sociedad y, por consiguiente, debería tener un castigo ejemplar.

La inversión en la educación debe priorizarse desde la primera infancia y por encima de los demás presupuestos nacionales, ya que estamos formando a los profesionales y futuros líderes de Colombia.