El rol de los empresarios en las empresas públicas

Las empresas públicas son fundamentales en los presupuestos de la Nación, los departamentos y los municipios. En 2014 Ecopetrol le generó a la Nación $10,77 billones equivalentes a aproximadamente 5% de su presupuesto mientras que entre Isagen e ISA le generaron casi $600.000 millones al Estado en 2015. 

En Medellín más de 40% del presupuesto de $5,5 billones de 2014 fue fondeado por EPM, en parte por el resultado de la fusión Une Millicom. Así mismo la Empresa de Energía de Bogotá, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y la Empresa de Acueducto (Eaab) generan a la capital más de un $1 billón dividendos anuales.

Las empresas de mayoría estatal tienen hoy un gobierno corporativo que refleja su realidad accionaria. El presidente de la República, los gobernadores y alcaldes definen la mayoría de miembros en sus juntas directivas y su equipo directivo, generando cambios en la estrategia y la calidad de ejecución cada cuatro años. Esta situación termina generando falta de foco en la administración de estas empresas, poniéndolas en desventaja con la competencia privada y generando desvíos innecesarios en su postura estratégica.

Los problemas de eficiencia por los cambios de equipos directivos en las empresas públicas y mixtas son el menor de sus males. Los políticos elegidos a cargos públicos en el gobierno central y las regiones pocas veces tienen un acumen empresarial ni se han visto enfrentados a administrar las empresas con visión más lejana que cuatro años. Peor aún, olvidan con facilidad que las empresas son patrimonio del país o de la región y no instrumentos de su gobierno con el fin de mejorar su imagen y fortalecer su capital electoral.  

Para defenderse del ataque de los políticos de turno algunas empresas públicas han creado mecanismos de protección. Sus mandos medios institucionalizaron con el tiempo una cultura sólida que impide que desde la rama política se tomen estrategias que beneficien al gobernante de turno por encima de las metas de la empresa. Sin embargo y pesar de la fuerte cultura empresarial de algunas empresas es más común que raro que la rama política termine imponiendo temporalmente sus prioridades y su ‘modus operandi’ en el comportamiento corporativo, como sucedió en la Eaab con el tema de las basuras o con EPM en el gobierno de Luis Pérez.

Dado que las empresas públicas son patrimonio de las habitantes de a pie y tienen el rol de disminuir o por lo menos mitigar las alzas de impuestos que terminan pagando, es crítico que la sociedad civil se inmiscuya para protegerlas de los inquilinos de los distintos gobiernos. Es imprescindible que, como en Medellín, la clase empresarial se organice y obligue a los gobiernos de turno a que le permita participar en el manejo de las entidades públicas por medio de sus juntas directivas y seguimiento neutro de su desempeño. Qué bueno sería que los empresarios de los grandes grupos económicos del país asumieran ese rol desinteresada y activamente en las demás ciudades.

La supervisión por parte del sector privado a las empresas públicas también tiene un rol importante en evitar que éstas se privaticen o se dejen de privatizar por razones distintas a fortalecer el patrimonio de las ciudades. El control empresarial desinteresado en caso como el de Ecopetrol, de Isagen o la ETB permitiría tomar las decisiones empresariales más acertadas para definir el futuro de estas entidades creando valor para el Estado con transparencia.