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Esta semana comenzaron las sesiones de la mesa de concertación de políticas laborales en la que tres sectores cada vez más divorciados buscarán acordar el monto del salario mínimo legal (SML) que regirá en Colombia a partir del mes entrante. Intuyo que las discusiones serán acaloradas pero estériles en cuanto a sus resultados, y seguramente dejarán huella en la historia de las negociaciones fallidas porque las partes involucradas tienen bases de negociación tan distantes, como si unos quisieran negociar un seguro, otros ganarse una lotería y el tercero mediador estuviera pensando en el juego del billar a tres bandas, sin medir los efectos deliberados y no intencionales de su postura.
Los empresarios toman como punto de partida un aumento de 6.4% que es la suma de la inflación acumulada a octubre más el incremento en la productividad que el Dane ha certificado; los representantes de los trabajadores aspiran a un incremento de dos dígitos mientras que el más locuaz de sus voceros anunció de antemano que llegar a un acuerdo será imposible porque los gremios “están en una oposición radical e irracional al gobierno”.
Por su parte, Armando Benedetti, invadiendo los predios de su colega Sanguino, se anticipó tres semanas a las conversaciones y declaró que el SML podría estar en un millón ochocientos mil pesos, planteando así un aumento cercano al 11% que le da gusto a don Fabio Arias y a la vez asfixia las posibilidades del consenso.
Más allá de las discrepancias técnicas en torno al efecto que, sobre la inflación y la generación de empleo tendrá el que se vislumbra como un desproporcionado ajuste en la remuneración mínima, conviene revisar a quiénes favorece realmente tal decisión: no son los trabajadores informales, alrededor de 13 millones de personas, para quienes pasará desapercibido el incremento sin importar su cuantía; tampoco los servidores públicos y menos aún los afiliados a organizaciones sindicales (un millón doscientos mil, aproximadamente) que ya han pactado en sus convenciones colectivas estipendios bastante superiores al SML. ¿Entonces quiénes son los bienaventurados?
Dentro de los beneficiarios directos del aumento están −vaya paradoja si se mira desde la lente del gobierno del cambio− los empleados que devengan el salario mínimo integral cuyo ingreso mensual aumentaría en 2 millones de pesos mensuales, pero el mayor impacto no beneficia a los trabajadores, sino que afecta los productos y servicios indexados y, con mayor gravedad, el futuro de Colpensiones.
Si consideramos que del total de pensionados de Colpensiones cerca del 65% reciben mesadas equivalentes a un SML, el impacto inmediato en la caja de la entidad, considerando solamente este grupo, sería del orden de $185 mil millones mensuales. Al efectuar un análisis de más largo plazo en el que se incorpore el efecto de la tasa de reemplazo de 100% para las pensiones de este monto, sumado a que el 84% de los cotizantes activos lo hacen sobre un SML y que el recaudo de aportes es inferior al costo de la nómina de pensionados, el panorama resulta catastrófico.
¿Qué opinará el señor Jaime Dussán, responsable de la salud financiera de Colpensiones sobre las consecuencias del aumento del SML? ¿Estará considerando algún proyecto para aumentar el monto de las cotizaciones o la edad de jubilación? ¡Cuáles serán sus planes para evitar el colapso del régimen de prima media?
El café colombiano ha sido ejemplo de resiliencia y disciplina. Hoy pedimos que esas mismas virtudes guíen la política pública: que las decisiones tributarias se tomen con visión de largo plazo