El Presupuesto de la verdad

El año pasado muchas voces solicitamos al Congreso que no aprobara el Presupuesto para 2025, por sobreestimar los ingresos, no guardar coherencia con el Marco Fiscal, por el déficit que se implicaba y por poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. En las discusiones con el Gobierno no se logró un consenso, se negó y terminó siendo expedido por decreto por parte del ejecutivo. Esta situación no se puede repetir en el último año de Gobierno pues están en riesgo las elecciones, el sistema de salud, los servicios públicos y la educación

El Gobierno a más tardar el 29 de julio, deberá presentar ante el Congreso el presupuesto para 2026, el cual nuevamente estará desfinanciado en más de $20 billones y estará acompañado de una ley de financiamiento, teniendo en cuenta los anuncios del propio gobierno. Este presupuesto será tal vez el de mayor relevancia para el país en muchos años. No se puede improvisar.

Esta vez el Congreso tendrá que ser más estratégico y dar una discusión con la mayor responsabilidad, no puede caer en el juego de permitirle al Gobierno expedirlo nuevamente por Decreto. Ya sabemos que esta será su intención, no discutirlo de forma democrática y hacer uso de esa facultad para que se apruebe tal y como lo radique sin ninguna modificación del Legislativo. El Gobierno pretende manejar de forma exclusiva y discrecional los recursos públicos para disponer de las asignaciones y los montos, distribuyéndolos a su antojo con el fin de, destinarlos a los programas y proyectos que le permitan aceitar su maquinaria electoral, para tener una ventaja y garantizar apoyos en las próximas elecciones.

Las comisiones económicas de Senado y Cámara tienen la responsabilidad de ajustar el monto del Presupuesto y de mirar con lupa las variables macroeconómicas para acotarlo a la capacidad real de la economía, asegurando así la sostenibilidad de las finanzas públicas, que como bien sabemos, poco le importan al actual Ministro de Hacienda. Igualmente, tienen la obligación de no aprobar partidas globales y de limitar las facultades que se otorgan al Gobierno para hacer traslados presupuestales de forma discrecional, modificar asignaciones, crear programas, ajustar subsidios y jugar con la deuda pública.

Es un deber del Congreso, garantizar los recursos necesarios para la realización de las elecciones y blindarlos para que sean distribuidos y administrados únicamente por la Registraduría Nacional y las autoridades electorales. No procede ningún argumento, para asignar esta partida al Ministerio de Hacienda para que posteriormente efectúe los traslados. Estos recursos son primordiales para asegurar y garantizar nuestra democracia.

Resulta imperativo que, aseguren los recursos para la justicia y los organismos de control que requieren tener la capacidad para defender las instituciones. Deben garantizar controles en la ejecución de ese presupuesto para que el 7 de agosto, cuando se posesione el nuevo Gobierno, existan los recursos para el correcto funcionamiento del Estado. El Congreso debe garantizar los recursos para la existencia y sostenibilidad del sistema de salud, el pago de las deudas y los subsidios al sistema energético y evitar su quiebra; las partidas para la educación superior y créditos del Icetex, así como honrar las vigencias futuras de las grandes obras.

El costo político de una nueva reforma tributaria debe recaer en el actual Gobierno, es imperativo abordar la crisis fiscal y dotar al Estado de nuevos ingresos. Por esta razón, no puede adoptarse la postura de negar la ley de financiamiento, debe abordarse con la mayor seriedad y no puede tener como objetivo acabar con la inversión privada pues hoy las empresas no soportan más cargas; tampoco puede seguir marchitando sectores estratégicos cómo el minero energético. Debe procurarse que se amplíe la base de contribuyentes en renta, que se eliminen exenciones en IVA y no puede recaer sobre los actuales contribuyentes en especial los asalariados. No es momento de tomar posturas extremas y de rechazarla de tajo.