Una emergencia por mal manejo de la economía

La captura de su ex ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaba aún fresca cuando el Gobierno Nacional, a través del jefe de la cartera actual, Germán Ávila, habló de que se iba a declarar una emergencia económica derivada del hundimiento de la reforma tributaria que buscaba recaudar $16,3 billones para el Presupuesto General de la Nación del 2026 y la crítica situación fiscal del sistema de salud, dado que la Corte Constitucional precisó la unificación de los pagos de la UPC para el régimen contributivo y el subsidiado que tendría un costo de $3 billones.

Es la décima vez en tres años que la administración nacional se declara el estado de emergencia económica, la cuarta durante la gestión de Gustavo Petro; la primera ante la situación humanitaria, social y económica en La Guajira; la segunda ante la violencia en la región de Catatumbo; la tercera por el brote de fiebre amarilla y ahora por la deficiente gestión en el manejo de las finanzas públicas.

Clave recordar que se puede declarar “la emergencia económica cuando se presenten hechos que perturben o amenacen de forma grave e inminente el orden económico y social o si constituyen una grave calamidad pública”. De momento, dicen los expertos, que la eventual declaratoria de emergencia es inconstitucional, pues no hay hechos sobrevinientes, tal como los que exige la Constitución, que justifiquen recurrir a un estado de excepción.

Ahora bien: no hay más elocuente que la situación actual en la que el Gobierno Nacional se encuentra en un estado de emergencia de dinero, la caja para cumplir con los mínimos se le ha acabado y aún le faltan más de ocho meses al frente de las finanzas públicas. Lo más urgente es cumplir con los compromisos adquiridos en el mercado secundario, especialmente con los de colocación de títulos del tesoro a corto plazo que tienen intereses muy altos y que se vence muy pronto.

El enorme gasto público, equivalente casi a una cuarta parte del PIB, es lo que más pesa, a lo que se suma también el bajo recaudo de impuestos, colgado en más de $12 billones. Con elocuencia, hay una emergencia económica, pero por mal manejo y la incapacidad de administrar el dinero público no es un motivo para decretar la emergencia económica en ningún país.

Aunque debería haber una figura constitucional que obligue a apartar de su cargo a los funcionarios que han llevado al caos la finanzas públicas; no se puede culpar de las malas decisiones políticas y de alto impacto en las arcas nacionales a los congresistas, a la oposición o a los medios de comunicación. Gastar sin sensibilidad técnica ni responsabilidad con el país debe ser un argumento superior para que el Estado tome cartas en el asunto.

En varios países de la Ocde, cuando a la administración nacional no se le aprueba el presupuesto o hay deficiencias en su financiación, entra en crisis y es removido; pasa en estados parlamentarios, pero aquí no pasa nada cuando las autoridades económicas mal manejan las cuentas nacionales.

Debe quedarle muy claro al Gobierno Nacional y a la Corte Constitucional que el deficiente manejo de la economía no es un motivo para declarar una emergencia, figura destinada a conseguir recursos en momentos de desastres imprevistos. La incapacidad de gestionar, ejecutar y distribuir eficientemente no puede perjudicar a todos.