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La propuesta de MinHacienda para incluir impuesto al patrimonio a personas jurídicas
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En las Pymes, este tributo afecta la estructura de capital al incidir en la oferta de crédito bancario y en el uso del crédito comercial, así como en sus resultados reales
Un debate surgió a raíz del decreto que prepara el Ministerio de Hacienda para declarar la emergencia económica, con el que busca recaudar poco más de $16 billones. El borrador, que aún debe ser revisado por el ministro Germán Ávila, contempla la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, un tributo poco común y prácticamente inexistente en la mayoría de países del mundo.
Las críticas no tardaron en aparecer. Analistas como Lisandro Junco, exdirector de la Dian, y José Ignacio López, presidente de Anif, citaron un informe del Banco de la República que evaluó los efectos del impuesto sobre el patrimonio en la estructura de capital y el desempeño de las empresas.
El informe analizó la coyuntura de 2010, cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos implementó una reforma a este impuesto para enfrentar la crisis climática de La Niña. Según el Emisor, la medida casi duplicó el recaudo al ampliar la base de contribuyentes, incorporando principalmente a Pyme con bajos niveles de capital.
Sin embargo, aunque la reforma fue efectiva para aumentar el número de contribuyentes, el Banco de la República concluyó que la imposición del patrimonio a empresas no financieras relativamente pequeñas, con alta dependencia del crédito bancario, tuvo efectos adversos sobre su estructura financiera. En particular, afectó la oferta de crédito bancario, el uso del crédito comercial y varios indicadores reales, como la deuda corporativa, los ingresos, la inversión, la acumulación de capital, la productividad y el empleo.
Con base en datos administrativos de bancos y empresas, provenientes del registro de préstamos y contrastados con información regulatoria de balances y declaraciones tributarias, el estudio encontró que las Pyme sujetas al impuesto resultaron más afectadas que empresas similares ubicadas por debajo del umbral gravable, utilizadas como grupo de control.
"Los resultados muestran que el aumento del impuesto generó diversas distorsiones financieras y reales. Las empresas que anticiparon la entrada en vigor del tributo recibieron menos crédito bancario y enfrentaron tasas de interés más altas que aquellas que no lo hicieron. Asimismo, las compañías con altos niveles de apalancamiento previo estuvieron sujetas a condiciones crediticias más restrictivas. Efectos similares se observaron en los préstamos otorgados por nuevos prestamistas, y la reasignación del crédito fue mayor en los bancos con mayores cargas fiscales", se lee en el informe del Emisor.
El Emisor también encontró que las empresas gravadas incrementaron su dependencia del crédito comercial, lo que sugiere una sustitución parcial del crédito bancario. No obstante, estas mismas firmas redujeron de forma significativa la concesión de crédito comercial a sus contrapartes y registraron un menor nivel de endeudamiento total, lo que confirma que no lograron compensar plenamente la pérdida de financiamiento.
El estudio documenta, además, efectos reales relevantes, como menores ingresos, inversión, acumulación de capital, productividad y empleo. Estos impactos fueron más intensos en las empresas que anticiparon el impuesto y en aquellas con alto apalancamiento previo.
"En conjunto, el impuesto sobre el patrimonio genera múltiples distorsiones financieras y reales en las pymes y que, en la práctica, opera como una confiscación del capital empresarial, al reducir su rendimiento actual y esperado, desincentivar la inversión y afectar tanto el crédito bancario como el comercial", concluyó el reporte.
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