Un ministro de Hacienda a la cárcel

El economista, Ricardo Bonilla (1949), ex secretario del Distrito de Bogotá, ex ministro de Hacienda y ex profesor universitario, fue enviado a la cárcel inmerso en el escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd. Es la primera vez en la historia de la economía colombiana que un máximo jefe de Hacienda y Crédito Público es encarcelado por hechos relacionados con el ejercicio de su cargo, no había ocurrido entre los 75 jefes de esta cartera que han dirigido las finanzas del país desde comienzos del siglo XX.

Para Montesquieu, el Estado es una sociedad regida por leyes que garantiza la libertad mediante la separación de poderes: uno legislativo, otro ejecutivo y el judicial, que en su conjunción y equilibrio eviten la tiranía, el despotismo, la anarquía -y no lo dijo Montesquieu- pero aplica, el populismo y la corrupción, tradicionales en este siglo XXI en una América Latina capturada por gobernantes promeseros que no se cansan de repetir el mantra de que el caos nunca muera.

A Bonilla se le acusa de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, errores no menores en la gestión pública que han sido paisaje al observar la mecánica del funcionamiento del Estado colombiano, en el que el Ejecutivo tiene una enorme chequera con la que compra los votos en el Congreso para pasar las reformas que propone al Legislativo.

El dinero público es de todos, son impuestos, préstamos, rendimiento y utilidades de las empresas industriales y comerciales del Estado, son recursos sagrados que se están usando para pagarle favores a los congresistas que a su vez los entregan a los financiadores de sus campañas: los contratistas, expertos en ganarse obras, licitaciones concesiones que nunca entregan o poco funcionan.

Esa mecánica es la que ha sido expuesta en la trama de los dineros públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. No es habitual que un ministro vaya a la cárcel por delitos cometidos durante su gestión, ya hubo casos con jefes de las carteras del Interior, Comunicaciones, Minas, entre otros, pero nunca en Hacienda que pesa porque es el administrador de la chequera nacional, si el dinero público de los impuestos no está a buen recaudo, el país entero pagará por esos errores, obras que nunca se hacen, dinero de todos que se va a engrosar la cuentas de los congresistas corruptos, y lo que no es menor, condenar a la pobreza a las nuevas generaciones.

Disponer de la plata que tenía la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, es absolutamente deleznable porque saben en donde saquear, una entidad que no tiene mayores filtro pues es dinero de emergencias para las personas que son víctimas de la naturaleza.

Todo robo al Estado es condenable, pero entregar plata de todos a congresistas que le transfieren a sus contratistas de las personas más necesitadas debe ser más que condenable. Robar es el peor delito porque siempre esconde los demás y debe quedar en el imaginario popular que lo hecho en Hacienda, quitarle a los más necesitados, es mucho más dañino que cometer otros delitos no menos repugnables en contra del erario público.

Ahora que se barajan candidatos equipos de campaña, es preciso que los aspirantes a manejar la Colombia hasta 2030, sean más estrictos con los técnicos que los acompañarán en sus administraciones.