Colombia para poder avanzar en el camino hacia un país de derecho debe solucionar los traumatismos de la justicia
Pasado más de un año desde que se dio a conocer a la opinión pública el inicio de investigaciones en contra de algunos magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por el popularizado “carrusel de pensiones”, mucho se ha especulado, sobre la legalidad de la promoción de funcionarios judiciales de carrera como magistrados auxiliares o seccionales de tan alta corporación. Aún no ha sucedido nada trascendental.
La socialización del debate, gracias a la difusión mediática de los medios de comunicación, ha logrado focalizar la atención del ciudadano común a partir de una equívoca apreciación de lo fáctico como de lo jurídico, en la que el prejuicio y la estigmatización ha hecho absolutamente inane la garantía más elemental con que cuenta cualquier procesado: la presunción de inocencia.
De esto da perfecta cuenta la reacción de algunas autoridades frente a la decisión adoptada en abril pasado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de inhibirse de dar apertura a la investigación penal en contra de tres magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, a quienes se les indagaba por un hecho diferente a los que corresponden al llamado “carrusel de pensiones”.
La noticia que revivió la discusión al respecto, y expuso de nuevo al escarnio público a diferentes servidores públicos amparados por la decisión de esa autoridad judicial, es clara muestra del inusitado grado de distorsión que puede sufrir cualquier asunto cuando el debate jurídico es influenciado por factores exógenos y políticos que buscarían evitar que dicha corporación cumpla con su función de investigar la corrupción en la justicia.
Es hora de preguntar a quienes impulsan afanosamente la “expiación” de los funcionarios investigados, sus razones para no tratar siquiera de corroborar que en el seno de otras corporaciones o instituciones, estas mismas prácticas, en principio no prohibidas por el derecho vigente, han tenido lugar, pero no han sido investigadas, ni han merecido reproche ético o moral alguno.
No puede haber chivos expiatorios ni estigmatizar o perseguirse administrativa o judicialmente de manera selectiva, o en función del alto impacto mediático que el anuncio de una investigación pueda tener en la opinión pública, para no repetir experiencias anteriores que terminaron en “fiascos” judiciales después de haberse presentado como aciertos.
Con tristeza los colombianos vamos a tener que evocar la frase atribuida a uno de los más grandes cómicos del siglo XX: “al final de cuentas, todo es un chiste” (Charles Chaplin).
