lunes, 8 de junio de 2020

Poco a poco se oyen voces muy calificadas que le otorgan un valor enorme a la informalidad para la recuperación de la economía durante el segundo semestre del año, una apuesta polémica

EditorialLR

En la cascada de decretos gubernamentales publicados durante las dos últimas semanas hay de todo, excepto políticas innovadoras para generar nuevos empleos, que no es lo mismo que ayudar a las empresas a mantener los ya generados con subsidios a la nómina y aportes públicos para pagar la prima de servicios de junio. Y cuando se revisan las voces de grandes empresarios y su alta gerencia sobre el polémico asunto se escucha decir que “Colombia necesita más Rappis” para generar los nuevos puestos de trabajo que está destruyendo la cuarentena, que le ha pasado una cuenta de cobro muy alta al consumo, al comercio, al entretenimiento, al transporte, entre otros sectores perjudicados por la coyuntura global. Ahora que el Gobierno Nacional no adelantó nada de la reforma laboral que se adapte a la cuarta revolución industrial, hay quienes dicen que los únicos que van a sacar la cara por la economía son los más de seis millones de colombianos que se dedican a la informalidad.

Y hay varios problemas con ese enunciado: el primero es que no hay manera de medir la informalidad, pues a causa de la pandemia, el Dane se concentró en hablar de “inactivos”, dícese de esas personas que en edad de trabajar no participan en la producción de bienes porque no pueden o no están interesados en hacerlo. El Dane olvida que fueron más los centros urbanos que no acataron la cuarentena que los que han respetado las reglas. El último dato de informalidad que se tiene para analizar corresponde al trimestre móvil entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, medido en 23 ciudades y áreas metropolitanas, en donde se contabilizaron 5,71 millones de informales. No había pandemia. Esto significa una tasa nacional de 47,9% de personas que trabajan sin seguridad social y se dedican al rebusque, que en casi todas las ocasiones es más rentable que una salario mínimo, pues muchos de quienes están en la informalidad deciden no emplearse “porque un trabajo formal les quita mucho tiempo para hacer plata”.

Otro problema con la hipótesis de que los informales salvarán la dinámica comercial de los meses venideros es que los trabajadores sin seguridad social son mayoría en muchos centros urbanos y no habrá cambios, pues no hay mayores incentivos que la reactivación de sus actividades. Por ciudades, Cúcuta tiene la tasa más alta, con 71,4%; le siguen Sincelejo, con 67,5%; Riohacha, con 63,9% y Santa Marta, con 62,2%. En contraste, Manizales tiene una informalidad de 40,7% y Medellín de 40,8%. La tasa en los hombres es de 45,2% y la de las mujeres de 48,6%. Tras el telón de “inactivos” hay una realidad laboral en el país que no se puede desconocer y debe ser objeto de estudio por parte del Banco de la República que sigue en deuda con esa tarea que había anunciado hace varios meses.

Pero el mayor problema en que sean los informales los que salvarán la economía es legalizar que las actividades comerciales no paguen impuestos ni se interesen por tener una buena seguridad social. El grueso de la economía en Colombia es informal, por eso la recaudación de impuestos siempre recae en las mismas empresas y en los asalariados, mientras que los informales son usados por empresas indolentes que tienen en ellos un canal de venta y por el contrabando que destruye plazas de trabajo y carcome la red manufacturera e industrial. No es tan bueno sentarse a esperar que sea la informalidad la que salve la Patria.

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