Se debe ir más allá del plan de austeridad

No es tardío que el Ministerio de Hacienda haya puesto a andar el Decreto 371 con el que busca aliviar las finanzas públicas antes de radicar el articulado para discutir una nueva reforma tributaria en el Congreso, que dicho sea de paso, es más que necesaria. Entre otras cosas se propone reducir las horas extras, no acumular vacaciones, eliminar viajes innecesarios, congelar las nóminas, eliminar los gastos de representación, ahorrar combustible, revisar esquemas innecesarios de seguridad de ex funcionarios, ponerle lupa a compras no urgentes, eliminar adquisición de productos y servicios no estratégicos para la operación cotidiana; pero sobre todo, generar una cultura entre los funcionarios -hoy inexistente- de austeridad con los recursos públicos que son escasos.

Es una batería de acciones razonables que deben hacer cumplir los líderes de cada dependencia. Por ejemplo, se le debe dar más juego a la virtualidad, pues bien ha demostrado la pandemia que hay muchas cosas que se pueden hacer de manera remota sin tener que desplazarse, comprar tiquetes, pedir viáticos y no hacer devoluciones de dinero público.

En lo que tiene que ver con viajes al extranjero, éstos deberán limitarse a los estrictamente necesarios, hacerse en clase económica o en las tarifas que no superen los costos normales, tal como se hace en una empresa del sector productivo. Importante que no se pagarán gastos de transporte cuando el funcionario se transporte en el avión presidencial; era escandaloso que cuando un alto funcionario acompañaba una comitiva presidencial se le reconocía el valor del tiquete, lo que se había convertido en casi un sobre sueldo para los ministros, directores de agencias o superintendentes. A las llamadas comisiones de estudio en el país o en el exterior, también se les revisarán los viáticos, pues este doble beneficio es uno de los desangres que mantienen a los funcionarios por décadas en esos cargos.

Un capítulo aparte y bien oneroso es el que tiene que ver con los esquemas de seguridad de los servidores públicos y de muchas personas bajo riesgo del sector productivo. De unos años para acá, se volvió “cuestión de status” tener un esquema de seguridad o una avanzada pagada con los impuestos de todos. Aún se ven en las calles ex funcionarios de administraciones pasadas gozar de choferes, guardaespaldas y vehículos pagados de los escasos impuestos. Y sobra decir que son personas públicas, mas no en riesgo, quienes se acostumbraron a tener una suerte de “mandaderos” con recursos públicos. No hay razón para que la totalidad de los congresistas cuenten con estos esquemas, ni que todos los ministros, ni altos funcionarios hagan uso de tantos choferes y guardaespaldas; hay que volver a hacer, y revisar los estudios de seguridad, además de concientizar a las personalidades de que antes de ser bien visto tanta seguridad, es más apropiado enviar un mensaje de austeridad. También se frenará la compra de vehículos automotores, otra de las venas rotas y que no tenía control. En la misma línea, esos automotores oficiales no podrán estacionarse en sitios prohibidos en la vía pública y su uso siempre debe ser exclusivo para el cumplimiento de sus funciones. Iniciativas como estas gozan de respaldo popular y rodean la iniciativa tributaria porque está dentro del esquema: “todos ponen”.