viernes, 16 de octubre de 2020

Si se actuara con prudencia económica, la próxima discusión del salario mínimo debería hacerse con base en la reactivación económica y la protección del empleo de las personas

EditorialLR

El salario mínimo en Colombia asciende a $877.802, cifra a la que se suman $102.853 de subsidio de transporte para un total de $980.655; una asignación que ganan 10 millones de colombianos, pero ese no es su verdadero impacto, el incremento anual es la base para calcular multas de tránsito, varios asuntos judiciales y base del incremento de algunos productos de la canasta familiar.

El alza del salario mínimo es producto de una discusión tripartita en la que intervienen los empresarios a través de los gremios económicos, los trabajadores por medio de los sindicatos, bajo el arbitraje del Gobierno Nacional representado por el Ministerio de Trabajo, que al final de todo el tira y afloje es quien termina decretando el monto cuando las partes no se ponen de acuerdo.

La discusión es muy simple y está cantada: las centrales obreras arrancan pidiendo un alza de 10% 0 12%, porcentaje al que llegan de sumar inflación esperada, productividad y un variable de ayuda; mientras que los gremios se centran en la inflación esperada más la productividad y pocas veces en los últimos años han propuesto más allá de 6%.

La última vez que las partes se pusieron de acuerdo fue en 1996, a partir de allí siempre ha sido decretado por el Gobierno de turno. Esta vez las cosas serán interesantes pues la inflación causada no superará 2,3% y la esperada será la pronosticada por el Banco de la República que estará en la franja de entre 2% y 4% para 2021 como ha sido tradicional.

Hablar de la inflación causada este año es perder el tiempo porque ha sido un año atípico que no se puede comparar en ninguno de los indicadores fundamentales. Así las cosas, si se atiene a la racionalidad económica de las partes, este año no debería haber mucha discusión porque el imperativo es proteger el empleo de los colombianos y controlar la variación de los precios del próximo año. El incremento debería ser el mismo de este año de 6% que es alto si se descompone y se observa que los puntos de inflación y la productividad serán los más bajos de las últimas décadas.

Lo fundamental en esta coyuntura del covid-19 es que el Gobierno Nacional coordine de manera anticipada la mesa de concertación salarial para evitar que la sana discusión económica se politice y se convierta un campo de batalla ideológica de cara al prematuro ambiente electoral y la crispación social, populismo que hace olvidar que incrementar mucho el salario mínimo fomenta el desempleo, pues es un desincentivo para la contratación.

Si se mira el nivel de formalidad, según el Dane, 92% de los trabajadores que gana menos de un mínimo son informales y 79% asegura ser independiente y no asalariado. De los más de 22 millones de trabajadores que hay en el país, cerca de 44% gana un salario mínimo o menos, según el Banco de la República, en 2019 la proporción de personas en esa condición aumentó y alcanzó 47%.

Un dato para tener en cuenta es que este 2020 es un año para no comprarlo, es decir para “desestacionalizarlo” pues contamina los componentes estacionales macroeconómicos o los análisis de tendencias de periodos. La tendencia que puede imperar en la discusión es que el salario mínimo más el subsidio de conectividad (otrora de transporte) llegue al millón de pesos como cifra psicológica que se debe romper. No hay que esperar a que el tema lo pongan los populistas, hay que empezar a debatir.

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