miércoles, 9 de diciembre de 2020

Reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales va en sintonía con lo que está sucediendo en el mundo desarrollado, pero no es el momento de enfrentar el polémico debate

EditorialLR

Una de las reformas más importantes que debe llevar a cabo el país económico es la laboral, enfocada en aumentar la productividad que viene estancada desde hace más de un lustro. Pero esta reforma debe ser integral, no darse por pedazos que pueden aumentar la inseguridad jurídica que perjudica a las empresas locales y aleja la inversión extranjera.

Lo primero es mirar la casuística internacional y hacer un ejercicio académico de comparación, una vez hecho este proceso se llegará a la conclusión de que los principales países que han iniciado la reducción de sus jornadas laborales lo han hecho incluyendo adaptabilidad y flexibilidad, dos características que han ganado espacio durante la pandemia por el teletrabajo. No se puede justificar ninguna reforma laboral sin tener como centro gravitacional mejorar los índices de productividad, dicho sea de paso la variable más débil en el momento de subir el salario mínimo, que para este año será negativa en 0,60%, una de las más bajas de la región y de la historia.

Reducir la jornada laboral semanal a 40 horas (hay países que se han ido a 32 horas, es decir cuatro días de trabajo semanales) requiere revisar los objetivos centrales, pues los más favorecidos serán los trabajadores porque tendrán más tiempo para su actividad personal, en perjuicio de los empleadores que no solo tendrán que contratar más recursos, sino que perderán el tren de la productividad.

Ahora bien, si esta reducción se incentiva con menos parafiscales o mayor flexibilidad laboral y trabajo por horas, las cosas pueden compensarse. Concentrarse solo en reducir la jornada semanal puede ser un remedio que resultará peor que la misma enfermedad que quiere curar el desempleo. Si salen a relucir factores ecologistas, tales como reducción de los desplazamientos que reducirían la contaminación, las cosas podrían tener sentido, pero nuevamente a la iniciativa que cursa en el Congreso le falta amplitud y justificación de motivos; incluso está ausente el enfoque de salud que abarca menos estrés y mayor construcción familiar.

Incluso los avances tecnológicos ayudan a aumentar la productividad y pueden justificar reducir la jornada de manera gradual y negociada sin pérdida de salario, pero en medio de esta coyuntura de pandemia, recesión, baja productividad y una eventual reforma tributaria en el horizonte, es absolutamente inoportuno poner el tema sobre la mesa de discusión política y económica. Y peor aún, sin los estudios técnicos y econométricos que permitan detallar mejor los puntos de vista. La situación es similar a las consultas populares en los pueblos mineros que le preguntan a sus pobladores “quieren agua o petróleo u oro”. Lo que el Centro Democrático ha puesto sobre la mesa es similar: ¿quiere trabajar menos horas a la semana por el mismo salario?

Hay un adagio popular entre los economistas que reza: “There ain’t no such thing as a free lunch”, poco más o menos que no existen los almuerzos gratis, que no existe nada gratis, que nadie regala nada o que todo tiene un costo oculto al final del día. Un refrán que bien manejan los discípulos de las tesis de Milton Friedman, que saben que reducir las horas de trabajo sin tocar los ingresos no saldrá gratis y que los empresarios que al final son quienes pagan impuestos y generan empleos deben reacomodar sus números para poder avanzar a esa etapa, tal como ha sucedido en otros países similares.